Liseth G. fue violada a los 9 años por su padrastro. Su madre no hizo nada, solo le dijo que debía olvidar y que si metía preso a su abusador no la ayudaría económicamente. El olvido y el deseo de mejores días no llegaron pero lo hizo un hombre, que se convirtió en su marido que también la agredió tanto física, sexual y emocionalmente. Para ella de 29 años, salir de su barrio Mapaizo Sur, ubicado en el municipio de La Guardia no fue nada fácil pero logró hacer la denuncia y se convirtió en uno de los más de 3 mil casos de violencia registrados. “El temor, miedo y ansiedad fueron omnipresentes durante la pandemia y repercutió en muchos aspectos en la vida de las mujeres, cientos de ellas conviviendo con su agresor”, manifestó Silvia Méndez, activista de la Plataforma de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres de Santa Cruz. Resaltó que se debe priorizar los derechos sexuales y reproductivos, que garantizan el ejercicio de una sexualidad libre y el respeto a las decisiones importantes sobre la reproducción.
Un calvario que no termina con la decisión de denunciar. Según las cifras oficiales a nivel nacional son más de 3 mil mujeres que lograron denunciar aunque el proceso para realizarlo fue devastador por las restricciones que conlleva la emergencia sanitaria. “Cuando fuimos a denunciar a la oficinas de la unidad que atiende los casos de violencia estaba cerrada. Otro día una víctima que vivía en La Guardia llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y no había como regrese a su casa porque eran más de las 8 de la noche. Hubo muchos casos en los que las mujeres tuvieron que salir de sus casas y los policías las detenían porque no estaban en el día que debían salir según el número de su carnet”, cuentan desde la Casa de la Mujer dirigida por Miriam Suárez. De acuerdo a un informe reciente de la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas en lo que va del año Bolivia registra 53 casos de feminicidios. Se reportaron un total de 5.758 casos de violencia de género, de los cuales 1.101 casos corresponden a violencia física; 1.451 denuncias de violencia intrafamiliar; 852 casos de violencia psicológica; 109 casos de violencia sexual y; 116 otros delitos tipificados en la Ley 348 que protege a las mujeres de la violencia.
Mujeres violentadas en su propio hogar. En la Casa de la Mujer como en el Colectivo Rebeldía, una ONG feminista que fortalece a las mujeres, ven con preocupación el tema de derechos sexuales y reproductivos, que en el país son garantizados en el Artículo 66 de la Constitución Política del Estado, y aunque aún no se cuenta con una ley específica de los mismos, existe una serie de normativas. Entre ellas están la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “Hemos visto casos en el que se debe hacer la interrupción legal del embarazo. Pero cómo podemos mandar a una mujer para que se haga un ILE cuando este centro es un foco de infección. Además sabemos que van a hacer la famosa objeción de conciencia”, indica Fabiola Rojas, responsable de proyectos de Casa de la Mujer. ¿Cuántas mujeres habrán sido víctimas de violencia sexual por sus esposos? Es la pregunta que se hacen las dos instituciones y lamentan la falta de políticas de esta índole. En diciembre del 2016 fue la última vez que el Ministerio de Salud tocó el tema de validar el Plan Estratégico de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2016-2020. Sobre este tema, el Colectivo Rebeldía apunta que en el país actualmente no están funcionando de manera regular los servicios para acceder a la ILE. Además de la precariedad del sistema de salud que está enfrentando una crisis para la que no está preparado, los recursos humanos para ginecoobstetricia están atendiendo pacientes COVID-19 y los servicios de atención en los diferentes centros de salud están suspendidos debido a la saturación del sistema. Añaden que tampoco es posible acceder a un registro de información sobre los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Las restricciones de movilidad impiden trasladarse a centros de salud, lo que se agrava cuando se trata de mujeres y niñas en zonas rurales. “Muchas mujeres y niñas conviven en casa con los agresores, esto está propiciando el escenario para posibles casos de violencia sexual. Cuántas de ellas están actualmente embarazadas producto de violación y necesitarán abortar, no a largo plazo, si no mañana mismo. La precarización de la vida se incrementará en un escenario poscuarentena y no existen las condiciones necesarias ni para garantizar la vida propia”, advierten.
Una pandemia que empeora la situación. Desde el Observatorio de Género, presidido por Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, se apunta que la naturalización de la violencia y la falta de credibilidad en la justicia, sumadas a las restricciones por la cuarentena, pueden ser una de las principales razones para un registro menor de casos. El 1.o de mayo, un video en el que se veía a un policía “manoseando” a una mujer durante una aprehensión en El Alto causó mucha polémica por las redes sociales. Mientras unos condenaban el hecho y lo calificaban como abuso sexual, otros minimizaban la conducta del uniformado y apuntaban más a la mujer por haber cometido la infracción de circular por las calles durante la cuarentena, citan como ejemplo en el informe. En este documento se aclara que de todas la denuncias realizadas del confinamiento en el país –del 22 de marzo al 31 de mayo—se produjo un promedio de siete agresiones sexuales de distinta naturaleza cada día.
El Instituto Guttmacher, líder en investigación y políticas comprometidas con el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos proyecta en países en vía de desarrollo una disminución del 10 % en la prestación de servicios relacionados con este tema. Esto conlleva a más de 48 millones de mujeres sin métodos anticonceptivos modernos, 28.000 muertes maternas, más de 3 millones de abortos clandestinos y 15 millones de mujeres asumiendo embarazos no deseados, lo que podría abultar aún más la estadística de prácticas clandestinas y muertes. Son datos que Teresa Alarcón Rodríguez, socióloga, feminista, activista por los Derechos Humanos y parte del Colectivo Rebeldía, observa con mucha atención. Ella pertenece a la Campaña 28 de Septiembre de Bolivia, una articulación regional en América Latina y el Caribe que se moviliza por la despenalización del aborto. “Es un tema fundamental cuando se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos, pues tiene que ver con los servicios, el acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, y por supuesto con el derecho a elegir cuántos y cuándo tener hijos/as o no tenerlos”, resalta.
Ángeles de la cuarentena. La ayuda a las mujeres que sufren violencia proviene desde grandes organizaciones como Plan Internacional hasta una señora de una venta en el municipio de La Guardia. “Recibimos ayuda de todos, en estos días la señora de la venta cerca de mi casa nos dio pollo”, cuenta Alberta Vela, promotora comunitaria y presidenta de la organización de mujeres Juana Azurduy que funciona en el municipio de La Guardia. Ella que también pertenece a la organización de los Piyos trabaja muy de cerca con las víctimas que logran denunciar y fue testigo de casos que en sus palabras “son impactantes”. “Cuando fuimos a presentar la denuncia de una señora que tuvo que escapar de su casa porque sufría violencia de parte de sus hijos y su esposo, le dijeron que regrese con ellos, de lo contrario sería ella la demandada”, cuenta Vela. Hubo otro caso en el que una mujer salió a denunciar y la policía le dijo que no podía circular porque no era el día que le tocaba salir de acuerdo a su carnet. “Lo más impactante es que los abusadores sea el esposo, el hijo y los hermanos”, lamenta Vela, que se da el trabajo de ir a las casas de las víctimas a ver como siguen. “Más tarde voy a pasar a ver cómo está Liseth”, nos comenta. “La necesidad de dinero es una de las principales causas en esta cuarentena. No tienen un peso para moverse, las manipulan por un plato de comida y además no hay apoyo de las autoridades”, agregó. Ella hace factible víveres para muchas mujeres. La ayuda le llega de grandes proyectos como el Plan Internacional y desde su entorno cercano como la tienda que está cerca de su casa.
¿Dónde llamar?. Entre los servicios a las que las víctimas pueden recurrir están la Casa de la Mujer, que atiende a las mujeres en situación de violencia machista de manera integral y gratuita para permitir su acceso a la justicia. Cuenta con un refugio de emergencia para las que buscan protección fuera de la casa y no tienen a dónde ir. Ellas pueden ingresar todos los días y a todas horas. El refugio es para todas las mujeres, niños, niñas, adolescentes, sin diferencia de condición social, económica o cultural, siempre y cuando no presenten problemas mentales ni de drogodependencias. Este refugio es el único espacio seguro que hay en el municipio de Santa Cruz, depende únicamente, de la Casa de la Mujer. También brindan asistencia legal que consiste en el acompañamiento y seguimiento jurídico (patrocinios) frente a los tribunales de justicia. Otras instituciones que brindan atención legal y psicológica en casos de violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad sexual son los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM): son servicios municipales de atención permanente. Trabajan equipos multidisciplinarios para brindar un tratamiento adecuado a las denuncias de violencia y discriminación. En este link pueden encontrar las direcciones exactas: http://www.casadelamujer.org.bo/index.php/servicios
Los abusos no paran. Para Méndez el presente contexto requiere de adecuadas estrategias POSCOVID-19. “Tiene que ser una mirada que revalorice las condiciones de una vida digna, una estrategia que sea integral para una sociedad hegemónica con representación de todas las mujeres diversas”, enfatiza Méndez. “Los abusos en esta cuarentena no han parado. Y los resultados serán embarazos no deseados. Eso parte el alma, pero tiene que partirnos el alma a todos y todas, no podemos naturalizar la violencia ni obligar a las menores de edad a ser madres producto de una violación, muchas veces las normativas no se cumplen”, enfatiza la activista de Derechos Humanos, Jeannete Beltrán. Apoyada en los datos de la Fiscalía para la activista “el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y niñas, principalmente”. Insta a la ciudadanía a apoyar, visibilizar, denunciar y no naturalizar ningún tipo de violencia. “La violencia contra las mujeres es también una pandemia que cobra vidas” subraya.
