La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que sacó adelante el Gobierno argentino del peronista Alberto Fernández se aprobó este sábado después de una ardua y prolongada discusión en el Parlamento, con cruces entre el oficialismo y la oposición.Mientras el Ejecutivo ha insistido en que la ley es necesaria para poner a "Argentina de pie" -el lema de campaña de Fernández-, la coalición opositora Juntos por el Cambio ha criticado el proyecto, entre otras cosas porque considera que otorga "superpoderes" al Gobierno, e incluso la izquierda lo ha criticado porque, además de eso, considera que sigue beneficiando a empresas y no a los trabajadores.
Megaproyecto. La ley con la que se estrena Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es Cristina Fernández, declara una emergencia múltiple en un país que vive una severa crisis económica desde abril de 2018, con alta inflación, devaluación de la moneda local, el desempleo en el 9,7 %, la pobreza alrededor del 40 % y una elevada deuda. El Gobierno quiere renegociar los plazos de pago de gran parte de ella con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en 2018 otorgó un crédito de 56.300 millones de dólares a Argentina.
En el mismo texto, se declara que el país se encuentra en emergencia "económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional (jubilatoria), tarifaria, energética, sanitaria y social". Un total de nueve emergencias distintas.
Poderes especiales. Los diputados del macrista Juntos por el Cambio han criticado con dureza que el proyecto de ley de solidaridad lleva consigo una ampliación de los poderes del Ejecutivo. En el proyecto de ley, el Gobierno se da 180 días para sentar las bases de la solución a la crisis. Ese será el tiempo que regirá un congelamiento de tarifas.
Después de ese tiempo, el Ejecutivo peronista se planteará modificar tanto esas medidas como el ajuste de otros gastos como las jubilaciones y las prestaciones sociales.
La oposición, casi en bloque, considera que la ley significa un ajuste que golpea en concreto a los jubilados. El Gobierno, a través del ministro de Economía, aseguró que quiere "mejorar la situación de los jubilados", pero indicó que se da de plazo los próximos 180 días para encontrar una solución definitiva.
El dólar. Desde que se reveló el proyecto, que se suma a la ya existente restricción cambiaria impuesta por Macri y que limita la compra de dólares a 200 por mes, el precio de la moneda estadounidense se elevó en el mercado negro, aunque retrocedió un poco el viernes: mientras el dólar oficial se vende por 63 pesos, el llamado dólar informal o dólar "blue" cerró el viernes a 75 pesos, mientras un día antes había alcanzado los 75,75 pesos.
En el proyecto de ley, el Gobierno se da 180 días para sentar las bases de la solución a la crisis. Ese será el tiempo que regirá un congelamiento de tarifas.
Después de ese tiempo, el Ejecutivo peronista se planteará modificar tanto esas medidas como el ajuste de otros gastos como las jubilaciones y las prestaciones sociales.
