Amenos de cumplir una labor subalterna como es el pago de la Renta Dignidad a las personas de la tercera edad del país, la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, en sus tres años de vida y en ocho años de vigencia de la Ley de Pensiones No 065, solo devela un gasto de Bs 166,8 millones, del cual Bs 88,0 millones fueron a cuestiones administrativas y de fideicomisos. En el contexto, con la actual postergación de otros dos años y medio, solo prolonga la incertidumbre, apunta el economista Roberto Laserna.
Mediaciones, consultora especializada en el tema, con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, da cuenta que en el periodo de funcionamiento de la Gestora, se ejecutaron Bs 166,8 millones de bolivianos.
“De estos, alrededor de Bs 88 millones (45,2 millones de la Cuenta Asuntos Administrativos, gastados del primer desembolso del TGN y 42,9 millones en Fideicomiso) fueron utilizados para la implementación administrativa de los recursos de jubilación y Bs 78,7 millones para la administración de la Renta Dignidad (2018)”, explica Julio Linares, responsable del análisis.
El estudio además remarca que de esos Bs 88 millones erogados para la implementación de la Gestora (aporte de capital), el 35%, casi Bs 31 millones fueron para el pago de gasto corriente, dirigido principalmente a sueldos y salarios (Bs 18,3 millones) y alrededor de Bs 10 millones a proveedores, y la mitad en consultorías.
Sin embargo, Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en contacto con El Día, desestima tal situación, al mencionar que la Gestora ya está funcionando y desde el año pasado se encarga con el pago de la renta dignidad.
“Ustedes ni han sentido el cambio. Por si acaso la Gestora Pública está haciendo esa gestión durante más de un año en el pago de esa renta dignidad. Lo mismo va ha suceder cuando se registre el tránsito, en su momento, de las pensiones hoy administradas por las AFP hacia esta entidad con un sistema absolutamente automatizado”, precisó la autoridad.
Una suma de postergaciones. Pasaron ocho años y tres meses desde la promulgación de la Ley No 065 en 2010, cuya norma del Sistema Integral de Pensiones, que entre sus principales componentes fijó: reducir la edad de jubilación, crear el Fondo Solidario y la Gestora Pública; así como prever sanciones para los empleadores que retengan los aportes de sus trabajadores.
"La Gestora Pública de la Seguridad de Largo Plazo tendrá como objeto la administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos, establecidos", describe el artículo 148 de la Ley N° 065 de Pensiones de 2010.
Una vez aprobada la ley de Pensiones el 2010, se tomaron más de cuatro años en la elaboración del decreto de creación de la gestora; luego consecutivamente en diferentes plazos incumplidos tuvieron que promulgar tres decretos de prolongación de implementación de la nueva institución.
Recién el 15 de enero de 2015, vía Decreto Supremo N° 2248, se constituye la Gestora Pública dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con la misión principal de administrar a plenitud las pensiones de los jubilados, previo proceso de traspaso de los fondos, hasta hoy en manos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) como son Futuro de Bolivia y Previsión.
Además, en esa norma se fijó un plazo de 18 meses para el inicio de sus operaciones, por todo lo que implica el proceso de traspaso de las pensiones de las AFPs. Sin embargo, 12 meses después, el 15 de junio de 2016, el gobierno toma la determinación, vía Decreto Supremo No 2802 de posponer otra vez por otros 15 meses el inicio de las operaciones de la Gestora. El plazo fija como límite al mes de septiembre de 2017.
Según la información del mismo gobierno y la interpretación de los expertos, en este período se observa un desafío con el traspaso de datos desde las AFP, que proporcionaban información demorada, incompleta o no acorde a los requerimientos, dilatando el comienzo de la empresa que administrará los aportes de los asegurados, hasta entonces.
La incertidumbre siguió su curso y el plazo fijado a septiembre 2017, culminó con otra postergación. El Decreto Supremo N° 3333 del 20 de ese mes, postergó el inicio de operaciones por otros 18 meses. En ese lapso de tiempo se le asigna a la Gestora, la responsabilidad de hacer el pago de la Renta Dignidad a las personas de la tercera edad.
Y el Decreto Supremo 3837 promulgado el pasado 20 de marzo, postergó por otros 30 meses hasta septiembre de 2021, el inicio de operaciones, dejando como resultado gastos millonarios del Estado y un letargo de ocho años y cuatros de la implementación plena del Sistema Integral de Pensiones respaldada en la ley No 065.
"Si a este tiempo, ya perdido, se suman los nuevos 30 meses adicionados en el nuevo Decreto Supremo, el cumplimiento de la Ley de Pensiones, a través del inicio de operaciones de la Gestora, se ejecutará con un retraso de 10 años y 9 meses (2021); 15 años luego de la promesa inicial del presidente a los movimientos sindicales", argumenta Linares.
Una cadena de millones. Lo que llama la atención, señala en su análisis Linares en su estudio, es que a pesar de que la Gestora Pública, aún no ha iniciado sus operaciones (en cuanto a la administración de los recursos de jubilación se refiere), el gobierno central ya le asignó Bs 200 millones. Primero mediante el D.S. 2248 de 2015, con una transferencia de Bs 80 millones del Tesoro General de la Nación (TGN), como aporte de capital para la nueva entidad; y luego Bs 120 millones, a través del D.S. 3123 de 2017, con un fideicomiso en favor de la Gestora. "Es curioso señalar, por ejemplo, que los Bs 200 millones que la Gestora dispuso para su arranque, superaban en más del 20%, el patrimonio con el que cuentan y funcionan las AFP, recursos que se canalizaron para la compra de bienes, gastos operativos y administrativos para el inicio de operaciones", precisa el estudio.
Datos del SIGMA, administrado por el MEFP, señalan que en base a los ingresos mencionados (Bs 200 millones), la Gestora Pública cuenta con presupuesto desde 2016, por lo cual sus máximas autoridades han tenido que programar el gasto anual en su planificación en esos años.
Sin embargo, la mala planificación derivó en que el año 2016 sólo se haya ejecutado el 3,1% de lo programado; el 2017, sólo el 20.9%, y finalmente el 2018, el 62%, ejecución lograda gracias a que a partir de esa gestión, la Gestora administra el pago de la Renta Dignidad. "Esto le sirve de excusa a las autoridades para justificar su existencia, conociendo ellos mismos que es una labor ya realizada por la administración pública y que más bien debería ser cada vez más automatizada", enfatiza Linares.
La excusa de seguir postergando. La principal, cuanto menos única excusa que sostiene el gobierno para postergar nuevamente el inicio de actividades de la Gestora, fue la no entrega por parte de una empresa panameña, de la totalidad de los productos requeridos en el documento de contratación, para la implementación del software informático con el que se administrará la base de datos de beneficiarios.
Sin embargo, los registros de ejecución presupuestaria del SIGMA, identifican pagos por el mencionado Software de Bs 29,5 millones (Bs 15,5 millones en 2017 y Bs 13,9 millones en 2018); además de otros Bs 10,3 millones programados para 2019. "En este punto cabe recordar que el costo total del software adjudicado a la panameña, llega a los Bs 35 millones, en ese sentido, ya se habría pagado el 82% a la empresa, sin que esta haya entregado el mismo, o similar, porcentaje de productos en relación a recibido por el Estado Boliviano", argumenta Linares.
El ministro Arce, en contacto con El Día, minimiza toda esta situación al calificar de infundada la información que se tiene. El mayor argumento es que la Gestora Pública ya está en funcionamiento, pese a que su labor está reducida solo al pago de la renta dignidad.
El experto Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres, asesor de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, en contacto con un medio televisivo de La Paz, señala que no hay relevancia y menos 'ciencia' en esa tarea que se reduce en llevar bien los registros del pago de la Renta Dignidad procedente del ingresos de la venta de gas y la renta gasífera.
Sin embargo, Arce admitió que se tiene dificultades con la empresa con la empresa Sysde Internacional Inc., para la implementación de un software propio. "La empresa no está satisfaciendo los requerimientos informáticos, porque nosotros no queremos quedarnos solamente con el sistema que tiene las actuales AFP, medio automatizados. Nosotros queremos tener un sistema absolutamente automatizado", finalizó.
Suma de cifras para consolidar su operación
Gobierno. Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas, la Gestora Pública se hizo cargo de la administración y pago del beneficio de la Renta Dignidad desde enero de 2018, poniendo en funcionamiento 31 oficinas de atención al público, disponiendo más de 1.200 puntos de pago a través de las entidades financieras para la atención a más de 1,1 millones de beneficiarios.
Asimismo menciona que desde octubre de 2018 se hizo cargo de la administración de las inversiones de los recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), logrando mejorar la tasa rentabilidad durante su administración.
Empresa. Con respecto a la empresa Sysde Internacional Inc., para la implementación de un software propio, según el gobierno la firma informó en el mes de marzo que ha entregado un total de 28 productos, entre ellos se menciona por ejemplo, el diseño, pruebas de desarrollo e instalación de los módulos afiliación, recaudación y contabilidad, productos que no cuentan con el visto bueno de la institución, quedando pendiente 55 productos que están en desarrollo.
La tarea pendiente. Según el gobierno, la Gestora ha compatibilizado la información de ambas AFP en un formato único, desde distintas plataformas tecnológicas, para la migración de más de 925 millones de registros de más de 2,2 millones de Asegurados, lo que representa el 99.95% de la información del SIP.
Arce explicó que el nuevo sistema debe concluir adecuaciones para adaptarse a la Ley 065 de Pensiones, “de lo que ha presentado la empresa SYSDE solo ha hecho 75 adecuaciones, equivalente solo al 8%. "Este es el mayor de los problemas que tenemos con esta empresa, la adecuación a la normativa boliviana", precisó.
La autoridad dijo que todavía está en proceso de evaluación y seguimiento si la empresa recibe alguna sanción al respecto.
31 Millones de Bs
Según la consultora Mediaciones se gastaron en sueldos y salarios.
El Invitado
Roberto Laserna
econonomista
“El retraso de tantos años de la puesta en marcha de la Gestora Pública, en el fondo demuestra que, el manejo del sistema de pensiones, es complicado porque requiere sinergias especiales. El hecho estriba en el manejo complejo de millones cuentas individuales, al mismo tiempo que manejar fondos agregados y ser capaz para entregar a cada uno de los aportantes, registros detallados y pormenorizados de sus aportes, los rendimientos que han tenido, en fin.
Obviamente todo esto nunca antes se hacía en el sistema de pensiones bolivianos, porque tenía un sistema mucho más sencillo y primitivo. Por eso era mucho más fácil de eludir y trampear, eso ha sucedido en casos emblemáticos como el Focsap con el millonario desfalco de Dante Escobar. Esa experiencia debería llevarnos a replantear la necesidad de unir ambas AFPs y promover en una sola Gestora. Más bien lo que debería hacer el gobierno es mantener el sistema de las AFP con una adecuada supervisión. Y en caso de que le parezca que las AFP no están cumpliendo bien su labor, promover a la Gestora en una AFP adicional para generar un competencia con una mejor calidad de servicio. Esto permitirá al país experiencias nuevas, nuevas prácticas y nuevo sofware que irá en su conjunto a un mejor servicio de los jubilados.
La situación no deja de ser complicada orientar el sistema de pensiones de capitalización individual. Hay que admitir que el proyecto gubernamental no ha funcionado hasta el momento y que más bien reconozcamos el sistema que sí está funcionando, lo que sí tenemos y lo que de manera inmediata podemos mejorar de manera rápida.
La incertidumbre es lo que está causando más daño al sistema pensiones. La gente no se anima a depositar sus ahorros cuando no se tiene certeza si en 10, 15 o 20 año si las AFP van a seguir. Entonces, la gente pierde confianza en el sistema, claro que eso resulta muy costoso para la gente que ya tiene depositado sus ahorros que ya están perdiendo dinero y a las nuevas generaciones que por su puesto enfrentan un mercado de trabajo que no saben si van a tener una pensión en 45 o 30 días.
Con respecto a las AFP, han hecho lo que han podido. Tuvieron un trabajo en un entorno muy desfavorable para su gestión. En los últimos 13 años fueron muy difíciles. Se les ha impedido realizar inversiones con mayor libertad, se les ha obligado a comprar bonos del Tesoro (General del Estado), se les impuso tasas de interés, entre otros aspectos que han mermado su rendimiento.
El problema no es tanto a las AFP sino el daño es a los ahorristas, concerniente a la incertidumbre que ha conllevado esta situación. Por toda esta situación la complejidad tuvo necesariamente que ver con la poca eficiencia en la política de gobierno, que hoy exige replantear el curso de la Gestora, donde en definitiva el ahorrista o cada aportante vea cual conviene más, si mantenemos a las actuales AFP sumada la Gestora.
Reitero, lo importante es evitar con la postergación del arranque de la Gestora por otros tres años más, lo único que se logra es acrecentar la incertidumbre. Eso en lugar de beneficiar es un perjuicio enorme para los aportantes.
