Como nunca antes, en estos 190 años de vida republicana y plurinacional hemos observado el rol que ha desempeñado su majestad la libertad de expresión, por el solo hecho de nacer en este mundo.
Porque el ejercicio pleno de este derecho, combinado entre periodistas y ciudadanos comunes y corrientes ha permitido desenmascarar algunas imposturas y revelar de a poco inconductas de las autoridades en función de gobierno.
Todo ha empezado cuando un presentador de television, en función periodística y con documentos en mano, revelara el supuesto delito de tráfico de influencias que involucraría al primer magistrado de Bolivia por haber presuntamente favorecido a su ex-pareja y madre de un hijo con contratos adjudicados, sin licitación y de manera directa, a una empresa china que gerenta, por más de 500 millones de dólares.
A partir de ahí los ciudadanos, con el derecho a la libre expresión, consagrada en los artículos 206 y 207 de la Constitución Política del Estado y 19 de la Declaración de Derechos Humanos, se encargaron del resto.
Y no fue necesario ni siquiera que los partidos opositores al actual regimen que lleva 10 años en el poder, investigaran pues los datos fueron filtrandose en una version a la boliviana del caso “Water Gate” - que tumbara al presidente republicano Richard Nixon de Estados Unidos allá por 1972, -que también aspiraba a la reelección-, y que había mandado colocar microfonos ocultos a la casa de campaña de sus rivales democrátas.
“La libertad de expresión es la defensa, la reaccion sana de las sociedades enfermas”, coincidirían después los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, en una publicación de la Revista Chasqui, en 1999, a propósito de los hechos y de las filtraciones que recibieron entre ellos del propio entorno presidencial.
En Bolivia ocurrió lo mismo y desde dentro y desde afuera y si no existía cabida en los medios de comunicación tradicionales, las redes se convirtieron en depositaria de una serie de denuncias que luego no pudieron ser desmentidas o fueron desmentidas a medias.
Aparecieron frases como las de “cara conocida”, fotografías, notas en rojo de la Universidad y hasta el título de bachiller recién tramitado en el 2016, de la expareja del primer magistrado del país, que fungia como abogada y diplomatica profesional y de quien las autoridades oficiales dijeron en su descargo que había sido "calificada en forma independiente por su trayectoria profesional".
De ahí fue que abogados expertos indicaron que esa inconducta entre el primer magistrado del país y su pareja se enmarca en por lo menos 10 delitos, entre ellos tráfico de influencias y beneficios en razón del cargo.
“La verdad limpia y pura es la mejor manera de persuadir” decía nuestro libertador Simón Bolivar en una de sus frases preferidas cuando hablaba de la integridad moral y el deber ser, que deben tener las autoridades en función de gobierno.
Por no poder sostener esa verdad limpia y pura fue que por ejemplo en Guatemala acabaron en la calle y procesados, el presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidente y todo su gabinete, en el 2015, tras descubrir que favorecían con impuestos aduaneros mínimos a un grupo empresarial.
Pero en Bolivia no solo el primer magistrado del país fue cuestionado, si no también el segundo, a quien descubrieron que no tenía título profesional, a pesar de haber sido catedrático universitario y jactarse de haber leido 20 mil libros.
Así, en medio de denuncias de fraude, quema de ánforas y presunta parcialización del árbitro que administra los comicios, la gente ha votado este domingo 21 de febrero, cuando ambos magistrados apuestan si pueden o no candidatear el 2019 para mantenerse en el poder y, sean cual sean los resultados ya nada sera igual, porque si no es hoy, su majestad la libertad de expresión se levantará como ganadora en este referendum en el que apostamos si continuamos con éste régimen hasta el 2025 o buscamos una nueva vision de país en las urnas.
El autor es periodista
