De las 150 personas que fueron trasladadas de la provincia Vaca Díez del departamento del Beni a la localidad de Nueva Esperanza en Pando, en el marco del polémico plan de nuevos asentamientos, 148 retornaron a su lugares de origen debido a que no pudieron sosoportar en las tierras fiscales que el Gobierno nacional les dotó sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
El secretario general de los zafreros, Iver Miranda Cartagena, en declaraciones recogidas por la radio San Miguel de la Red Erbol, dijo que esas personas que recibieron sus títulos de tierras en el municipio de Nueva Esperanza del departamento pandino retornaron a Riberalta en busca de recursos económicos.
“En realidad ya volvió la comisión de compañeros que fueron allá, ellos están conformes con esas tierras, pero como le digo la comisión ya volvió, ahora trabajaremos con las familias que irán a asentarse allá, sin embargo, por el momento no se irán porque vamos a buscar recursos económicos para entrar, no podemos meternos así por así, hay que llevarse víveres, allá no hay ni casas”, dijo Miranda.
Agregó que esperan volver a Pando al menos recién en dos meses (o sea un mes antes de las elecciones generales). Señaló que en Pando se quedaron en calidad de cuidantes solamente dos personas en las más de 29 mil hectáreas que el Gobierno les otorgó.
Otros 350 migrantes del Chapare de Cochabamba fueron asentados en la población de Santa Rosa del Abuná, distante a 197 kilómetros de Cobija.
Ayer a las 17.00, el Comité Cívico de Pando presentó una demanda ante la Fiscalía de ese distrito contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Acusan a ambas autoridades de traslado fraudulento de ciudadanos (artículo 202 del Código Electoral). Con esta denuncia pretenden que la Corte de Distrito de Pando prohíba el registro de los migrantes para las elecciones del 6 de diciembre /ERBOL Y ED
