En un Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos es fundamental y cuando se presentan casos de abuso y violencia de las autoridades, es necesario alzar la voz y demandar una rendición de cuentas. Tal es el caso del dirigente cocalero César Apaza, quien, según un reciente informe emitido por la Defensoría del Pueblo, sufrió un trato cruel y degradante su aprehensión el 22 de septiembre de 2022.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que las lesiones sufridas por el líder yungueño, disidente con el gobierno, fueron resultado de la intervención policial durante su aprehensión, traslado y detención en las instalaciones de la Felcc de La Paz. Estos hechos, según la normativa y jurisprudencia internacional y nacional, constituyen un trato cruel y degradante, violando así los derechos fundamentales de Apaza.

El documento revela que los agentes policiales infligieron intencionalmente dolor físico a Apaza, sin proporcionarle información sobre los motivos de su detención ni utilizar métodos persuasivos para lograrlo sin recurrir a la violencia. Este trato inhumano y degradante sufrido por César Apaza podría incluso configurar un caso de tortura, según el informe de la Defensoría del Pueblo.

El informe señala directamente al fiscal Carmelo Laura Yujra. A pesar de haber recibido en cinco ocasiones solicitudes de investigación sobre el presunto acto de tortura, el funcionario no ha cumplido con su responsabilidad, dejando impune esta grave violación de los derechos humanos.

Este caso sigue exactamente el mismo libreto que el de otros detenidos por motivos políticos, pues al igual que José María Bakovic, que Marco Antonio Aramayo y tal como se pretende hacer con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, los administradores de justicia tienen órdenes de recurrir a toda clase de tortura y abusos hasta llevar a la muerte a sus víctimas. Es un acto de venganza y de escarmiento típico de una dictadura.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a una investigación pronta, imparcial y efectiva de los hechos que afectaron la integridad física y psicológica de Apaza. Además, se recomienda iniciar un proceso disciplinario contra el fiscal Laura por su inacción en el caso.

La protección de los derechos humanos no debe ser una opción, sino una responsabilidad ineludible del Estado y sus funcionarios. Los actos de violencia de las autoridades no pueden quedar impunes, ya que socavan los cimientos mismos de nuestra democracia y el respeto por la dignidad humana. Es esencial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y justa para establecer la verdad y garantizar que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia. 

Asimismo, según lo recomienda la Defensoría, es crucial que se implementen mecanismos eficaces para prevenir futuros casos de abuso y violencia por parte de las autoridades. La formación y capacitación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en relación con los derechos humanos.

El caso Apaza sigue exactamente el mismo libreto que el de otros detenidos por motivos políticos, pues al igual que José María Bakovic, que Marco Antonio Aramayo y tal como se pretende hacer con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, los administradores de justicia tienen órdenes de recurrir a toda clase de tortura y abusos hasta llevar a la muerte a sus víctimas. Es un acto de venganza y de escarmiento típico de una dictadura.