Es la primera vez que al gobierno de Luis Arce se lo ve preocupado por su imagen. En los años recientes han cometido toda clase de tropelías contra las leyes, el sentido común y los derechos humanos y no se les ha movido un pelo.

Hablamos del caso de la muerte del interventor de Fassil, Carlos Alberto Colodro, que ha motivado una inusitada angurria del ministro de gobierno por imponer una teoría, con un derroche impresionante de argumentos supuestamente científicos y técnicos.

Ya hubiéramos querido semejante despliegue cuando informó del “operativo histórico” contra los narcos en el Chapare, donde afirma haber destruído más de 30 fábricas de droga y no mostró ni una sola evidencia de semejante hazaña, ni una molécula de cocaína, ni un sólo detenido, tampoco imágenes ni ninguno de los numerosos elementos que desesperadamente “vomitaba” el otro día en el comando departamental, a sólo tres días del suceso. Todo un récord que ni siquiera la FBI lo podría superar.

El ministro jamás se ha preocupado tanto, ni siquiera cuando se produjo la muerte de tres policías a manos de un narco que fue minuciosamente protegido por sus hábiles policías que hoy reciben el mote de “científicos” o cuando descubrieron a toda una organización policial ligada al robo de autos, cuando se han producido hechos de corrupción en distintos ministerios, casos de violación en las filas del MAS, liberación de feminicidas y abusadores de niños. Jamás se preocuparon por mostrarse mínimamente decentes, pues el régimen ha perdido la vergüenza y se siente muy cómodo en este reino de la impunidad que ha creado.

Al gobierno nunca le ha preocupado quedar como un encubridor, como un manipulador y un protector de delincuentes, salvo en este caso, en el que ha puesto toda su energía para tratar de sepultar todas las sospechas que rodean a la muerte del interventor y que deben ser esclarecidas por los verdaderos responsables de la investigación, en el tiempo que se necesite para evaluar cada uno de los detalles del hecho.

En todo caso, lo que ha hecho el ministro es cometer un delito, ha pasado por encima del ministerio público, el único autorizado para intervenir en la escena del crímen, ha contaminado hasta el hartazgo el lugar donde ocurrió el hecho y, dados los antecedentes que lo rodean, es posible que muchas de las evidencias sustanciales que podrían ayudar al esclarecimiento, se hayan destruido.

La arrogancia con la que actúa el ministro, la morbosidad con la que se ha agarrado de este caso para hacernos tragar a los bolivianos su propia versión y dar por cerrado el asunto, son motivos suficientes para desconfiar y exigir que se despejen todas las dudas que siguen rebotando y que constantemente son divulgadas por expertos, juristas, familiares de la víctima y observadores independientes.

Al gobierno nunca le ha preocupado quedar como un encubridor, como un manipulador y un protector de delincuentes, salvo en este caso, en el que ha puesto toda su energía para tratar de sepultar todas las sospechas que rodean a la muerte del interventor y que deben ser esclarecidas por los verdaderos responsables de la investigación, en el tiempo que se necesite para evaluar cada uno de los detalles del hecho.