La explicación de las autoridades del gobierno sobre la media tonelada de droga enviada a España, resultó más escandalosa que el hecho de haber cargado un avión comercial en el aeropuerto Viru Viru, a plena luz del día, con cientos de cámaras de vigilancia instaladas y en el contexto de estrictos protocolos de seguridad que rigen el transporte aéreo en un predio de tanta importancia como Viru Viru.

Resulta que un par de pinches “chalequeros” que revisan maletas en la plataforma del aeropuerto, son los “peces gordos” de ese inmenso cargamento. Son los que abrieron los contenedores, los que cargaron la droga y se encargaron de que llegue a Madrid en un vuelo de la estatal BOA, empresa que, según la versión oficial, no tiene nada que ver en el asunto y que simplemente fue víctima de la violación de sus dispositivos de seguridad.

Siguiendo el mismo libreto del caso Colodro, existen las imágenes que ayudan a confirmar la hipótesis que le conviene al gobierno, pero justamente faltan aquellas grabaciones que deberían mostrar lo esencial. En el supuesto suicidio del ex interventor no se ve el momento del lanzamiento y ¡oh, qué casualidad!, acá tampoco hay manera de saber cómo llegó la cocaína a la pista de aterrizaje, quién la cargó, qué medios se usaron. 500 kilos es un paquete muy grande y no pudo pasar desapercibido. No se puede llegar a una conclusión creíble en base a las imágenes de dos sujetos dando vueltas alrededor de unos contenedores.

Con las explicaciones que ofrece el régimen, los organismos internacionales, las empresas, las líneas aéreas y todos los actores que intervienen en el tráfico aéreo, seguramente están con los pelos de punta al constatar que dos “pobres diablos” pueden tener la libertad de cargar droga en un avión. Hoy ha sido BOA, pero mañana puede ser otra línea extranjera.

Afortunadamente la cosa no es tan fácil como la plantea el gobierno, pues para cargar 500 kilos de cocaína ha tenido que intervenir toda una organización compuesta de autoridades de alto nivel, policías, responsables de la empresa de transporte y, por supuesto, los que tienen a su cargo la aeronáutica civil, cuyo accionar ha deteriorado por completo la imagen del país. Ellos, y no los funcionarios de bajo rango que culparon, fueron los responsables de la tragedia del avión de Lamia, hecho que demostró que estamos en manos de mafias sin límites. Esos mismos criminales son los que deben rendir cuentas sobre este impresionante escándalo .

La policía europea y los agentes antidrogas de España ya lo saben. Los mismos datos están en poder de la DEA y todas las organizaciones similares. Bolivia ya es un narcoestado. Sus gobernantes están metidos hasta el cuello en el delito y por eso es que organizan grandes operativos sin avisarle a la policía boliviana ni a ningún otro miembro del gobierno. Hacer lo contrario sería alertar a las mafias enquistadas en la política.

Con las explicaciones que ofrece el régimen, los organismos internacionales, las empresas, las líneas aéreas y todos los actores que intervienen en el tráfico aéreo, seguramente están con los pelos de punta al constatar que dos “pobres diablos” pueden tener la libertad de cargar droga en un avión. Hoy ha sido BOA, pero mañana puede ser otra línea extranjera.