En lugar de inventar excusas y explicaciones absurdas sobre el mentado “narcovuelo” (el silencio de Luis Arce es el más inculpatorio), las autoridades nacionales que tanto promueven por debajo de la mesa el negocio de la coca y sus derivados, deberían aprovechar esta excelente ocasión para iniciar una agresiva y abierta campaña de despenalización de las drogas, con el valioso argumento de que Bolivia es un país pobre que necesita de los recursos que proporciona la producción y exportación de cocaína.

El atolladero en el que se encuentran a raíz del cargamento de media tonelada de cocaína que fue embarcado en Viru Viru con la anuencia de comandantes y autoridades de alta jerarquía (estamos hablando de ministros, pues de otra forma no hubiera podido subir esa droga a un avión comercial), es la mejor oportunidad para que todos los que apoyan el narcotráfico de manera subrepticia saquen pecho “por el bien del país”, pues siempre han dicho ellos mismos que en este negocio no hay inocentes, que los países consumidores no cooperan en la guerra contra los narcos, que actúan con dobleces y que los organismos antidrogas han fracasado estrepitosamente.

Algunas experiencias como la de Uruguay, han demostrado que la legalización no ha disparado el consumo, un asunto que temen los que se oponen a la medida. El efecto más importante de esta política ha sido el desmantelamiento de las mafias que controlaban el negocio, un problema que seguramente no les causa ninguna gracia a las organizaciones políticas y criminales que se llevan la mayor tajada

Lo ocurrido con la megacarga de cocaína enviada a España es una prueba del nivel que ha alcanzado el negocio de la cocaína en Bolivia y la enorme estructura gubernamental que está involucrada. Los datos sobre la cantidad de producción y exportación de droga son alarmantes y por eso mismo, nadie se explica por qué nuestro país está en una grave crisis, falta de dólares, iliquidez y grandes apuros financieros. Siempre se ha mencionado que nuestra economía no se hunde gracias a la cocaína, tesis que ha sido expuesta públicamente por uno de los economistas oficiales del régimen, pero todo indica que hay mucho de exageración y de falacia de los políticos en este asunto.

Los defensores de la coca y su sacralización repiten el cuento de la liberación de los pueblos oprimidos a través de este cultivo ancestral, pero con una simple aritmética se puede comprobar que todo eso es una gran mentira. La carga del escándalo tiene un valor en las calles de Madrid de alrededor de 40 millones de dólares, de los cuales sólo quedan cuatro millones en Bolivia. De ese monto, más del 80 por ciento se lo llevan los cárteles, los políticos implicados y toda la red de complicidad que hay que pagar y apenas una migajas le llegan al cocalero, al pisa-coca, al que fabrica la pasta base, el que transporta y todos aquellos que conforman la pirámide inferior, que es la más numerosa y necesitada. Para un cocalero, más rentable sería producir café, pero mejor ni mencionarlo porque corre riesgo su vida. La despenalización también es un tabú, pues los mayores perjudicados serían los actuales gobernantes.

Los defensores de la coca y su sacralización repiten el cuento de la liberación de los pueblos oprimidos a través de este cultivo ancestral, pero con una simple aritmética se puede comprobar que todo eso es una gran mentira.