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Tribuna
Apego a la ley como sustento de la democracia
Domingo,  14 de Abril, 2013

No cabe duda que el régimen municipal en nuestro país atraviesa desde hace tiempo por un accidentado camino de inestabilidad, resultado de mezquinos intereses sectarios y personales que vienen causando situaciones de incertidumbre y de frustración en la ciudadanía. Lo curioso es que ese desgaste institucional, esas prácticas antidemocráticas, tuvieron como germen inicial, artículos de una ley contraria a la Constitución que fueron eliminados precisamente por ese carácter inconstitucional, aunque su aplicación bajo consigna oficial dejó ya una secuela de conflictos que han dado más réditos que perjuicios al partido en función de gobierno.

Parecía que luego de la sentencia constitucional (2055/2012), que eliminó los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomía y descentralización, se abría la vía legal a fin de que autoridades municipales electas (alcaldes y concejales) que habían sido suspendidas de sus funciones, retornen sin problemas a su ejercicio en virtud de los efectos del indicado fallo. Pero hasta el momento no ha ocurrido así, salvo en el caso del alcalde de Potosí, René Joaquino, a quien el Concejo Municipal hizo posible su restitución.

Situación similar no se ha dado aún en Santa Cruz pues se mantiene, por un lado, ilegalmente la suspensión de concejales titulares a quienes, por una serie de maquinaciones, se les impide reasumir sus cargos y, por otro, la continuidad irregular en esas funciones de los concejales suplentes en calidad de titulares que podría causar la nulidad de sus actos y resoluciones ante una posible falta de legitimidad. Este hecho es para considerarlo seriamente pues la titularidad circunstancial asumida por los concejales suplentes habría quedado sin efecto como consecuencia de la indicada sentencia constitucional.

Dentro de estas situaciones emergentes de irregularidades con repercusiones negativas y desalentadoras en la ciudadanía que ejercitó su derecho al voto para elegir concejales, se ha dado el caso de un concejal de Buena Vista, Fortunato Sandóval, cuya aprehensión dispuso el Ministerio Público a fin de que preste su declaración ante el fiscal a raíz de una denuncia formulada contra él por haber dictado resoluciones contrarias a la ley, una causal que se ha venido invocando con harta frecuencia en el ámbito de las disputas políticas y que ha encontrado eco en el Ministerio Público y la judicatura dando lugar a detenciones preventivas. Queda, sin embargo, en duda la legalidad de esa aprehensión porque se produjo de manera intempestiva para impedirle al concejal asistir a la sesión del Concejo Municipal de Buena Vista, donde se supone tenía la perspectiva de ser elegido alcalde, aparte de que no se habrían dado las formalidades legales para ejecutar esa aprehensión. Y no hay que pensar que este embrollo, mezcla de ilegalidad y atropello, no tiene solución inmediata cuando más bien una correcta intervención del Ministerio Público ante las denuncias formuladas en su mayoría por motivación política, seguida de una equilibrada e independiente conducta del juez libre de influencias y compromisos partidistas, harían viable el ejercicio de un derecho político, de lo contrario se estaría debilitando la democracia y fomentando el desapego a la ley.
 

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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