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Miércoles
 14 de Noviembre de 2018
Motores
Involucrados en el caso de extorsión
Denuncian que es ilegal el desprecintado de pruebas
Fiscales aseguran que la acción es correcta. Procesados anuncian recursos constitucionales contra el peritaje a equipos.
Sábado,  19 de Octubre, 2013
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Ref. Fotografia: Procesados. Fernando Rivera y Boris Villegas de la ventanilla del bus policial denuncian ilegalidad al ser llevados a Palmasola.

La audiencia de apertura de desprecintado de los equipos utilizados por algunos de los involucrados en el caso de la supuesta red de extorsión, fue calificado de ilegal por los mismos afectados.
La comisión de fiscales que investiga el caso, realizó el desprecintado, pese a las críticas y advertencias de los imputados, quienes en una audiencia coincidían que se estaría vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE).
Los más de veinte investigados fueron trasladados desde la cárcel de Palmasola donde guardan detención preventiva, hasta las instalaciones de la Fiscalía de Distrito.
Todos están acusados por el delito de uso indebido de influencias, relacionados a la extorsión del ciudadano estadounidense, Jacob Ostreicher.

Observaciones.
Denis Roda, uno de los acusados del caso, señaló que de acuerdo a lo establecido por la ley, el trabajo de desprecintado se debió realizar bajo la orden y presencia de un juez y no así de los fiscales. Al mismo tiempo, Fernando Rivera, cuestionó que no se haya notificado a Mario Ariel Rocha, involucrado en el proceso, pero declarado en rebeldía porque no se encuentra en el país. "Es ilegal lo que están haciendo, se debe notificar a todos, no a algunos cuantos", dijo Rivera.

A esta posición se sumó la defensa de Fernando Orellana, Juan Pablo Ibáñez, quien además cuestionó la falta de una audiencia en donde el perito a cargo del desprecintado sea posesionado, acción que la comisión de fiscales alegaba la existencia.

Peritaje. Finalmente, la comisión de fiscales omitió las opiniones y procedió al desprecintado, en el cual se presentó 3 CPU, uno de ellos secuestrado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz en la oficina de Rocha, otro es secuestrado en el Ministerio de Gobierno en La Paz fecha 4 de noviembre del 2012 y el último en el domicilio particular de la familia de Gustavo Céspedes, el 26 de noviembre del 2012.

Sin embargo, Céspedes, denunció la desaparición de dos computadoras personales y que en una de ellas se le habría tomado declaración policial.

Este última denuncia, despertó la susceptibilidad de los demás imputados, como Boris Villegas, que solicitó a la fiscal Andrade explicar su paradero y quien respondió posteriormente no "ser responsable sobre la pérdida de los equipos y que elevará un informe a las autoridades jerárquicas".

Acciones. Ante esta situación, Fernando Rivera, Denis Roda, Boris Villegas y otros imputados, de manera separada coincidieron en anunciar que presentarán un recurso constitucional asegurando que el acto es ilegal. "Prácticamente es nulo, no tiene validez, no debieron hacerlo ellos, este desprecintado no existe. Para nadie le es desconocido que esto está dirigido y ordenado por el Ministerio de Gobierno, ellos son los responsables", dijo Villegas.

A su turno, Rivera manifestó su temor de que en los equipos perdidos se pueda sembrar algunos delitos para acusarlos. "Están violentando nuestros derechos porque ahí podemos tener cosas íntimas de nosotros y ellos lo vulneran", añadió Rivera, exmiembro del equipo de abogados del Ministerio de Gobierno.

En su defensa, la comisión de fiscales aseguró que el trabajo está enmarcado a lo legal y que se cumplió con las normas de notificación y lo reglamentado.

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Estefany-Claros-Aldana-
Estefany Claros Aldana
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