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Motores
Editorial
Aplicación de las leyes
Sábado,  16 de Marzo, 2013

La recientemente promulgada Ley contra la Violencia hacia la Mujer está dando motivos para la polémica. No tanto por las implicaciones jurídico legales que derivan de su contenido protector de género, que sin duda tienen que ser valoradas en su justa dimensión, como vienen haciéndolo varias organizaciones internacionales, sino por la burda manera en que se está retrasando su aplicación.  Resulta lógico suponer que una norma, por muy buena que sea, pierde su razón de ser -y hasta tiende a desvirtuarse- si no se la aplica como corresponde, tanto en el tiempo como en la forma. Resulta oportuno señalar que la oposición le dará calabazas al Gobierno, si este persiste en errar.
 
Porque constituye un error el pretender utilizar una normativa tan importante como la ley de marras, en un proceso relacionado con objetivos electorales. Por una parte, porque en tal intento el oficialismo proporciona a la oposición argumentos contundentes para desvalorizar el propósito fundamental de la ley, que es proporcionar a la mujer boliviana mayor seguridad contra la violencia de género. Por otra parte, el Gobierno cae, casi sin proponérselo, en una zanja de difícil salida cuando destina ingentes recursos para difundir la promulgación de la ley, difusión de tipo propagandístico, en vez de canalizar esos recursos en la implementación y la aplicación de la normativa.
 
En este puntual aspecto, se hace preciso señalar que los repetitivos espacios televisivos dedicados a la ley contra violencia hacia la mujer chocan frontalmente con los hechos reales, donde resulta evidente que la mujer boliviana sigue siendo víctima de los más atroces abusos, mientras que el Gobierno da la impresión de ignorarlos, dando paso a la impunidad. El reciente caso de la periodista asesinada por su cónyuge, policía de élite, por ejemplo, ha puesto sobre el tapete no solo el rol que debe desempeñar la institución del orden y sus miembros, en el respeto y aplicación de la norma. Recientes denuncias de abusos a mujeres en los recintos carcelarios también han generado duras críticas.
 
En el terreno de los hechos, y dado el contexto político del país, la valiosa norma que pretende proteger a la mujer de la violencia se está mostrando como manipulada electoralmente sin perspectivas de aplicación práctica en el plazo inmediato. Lo lamentable es que el discurso gubernamental a favor de la mujer tropieza con los varios escándalos protagonizados por conmilitones partidistas del oficialismo que han incurrido en transgresiones graves como violaciones, abuso, maltrato y abandono de la mujer que han trascendido a los titulares de los medios de prensa oral, televisiva y escrita. El panorama se ha agravado porque los transgresores no han sido sancionados.
 
En otras palabras, el Gobierno tendrá las voces embargadas en tanto no dedique renovados esfuerzos a la imperiosa y pronta implementación y aplicación de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer. Mientras mayor sea el retraso crecerán las susceptibilidades y dudas en la ciudadanía, y mejores las oportunidades para que la oposición se ensañe contra el oficialismo. Sin duda que el Gobierno puede, y debe vanagloriarse por haber promulgado una ley que protege a la mujer boliviana. Le asisten razones legítimas. Sin embargo, al convertirla en instrumento de proselitismo sin perspectivas de aplicación práctica, puede echar por la borda sus buenas intenciones.

El Gobierno puede vanagloriarse por haber promulgado una ley que protege a la mujer boliviana. Sin embargo, al convertirla en instrumento de proselitismo sin perspectivas de aplicación práctica, puede echar por la borda sus buenas intenciones.

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