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Editorial
Mano dura
Sábado,  20 de Abril, 2013

La figura del “sicariato” se ha perfilado nítida en el país, especialmente en el departamento de Santa Cruz. La escalada de sucesión de muertes por encargo se ha constituido en una acuciante realidad que las autoridades nacionales se han visto obligadas a asumir muy a su pesar. Detrás de esta figura delictiva y altamente peligrosa para la convivencia civilizada, se encuentran varios factores condicionantes como el narcotráfico y el ajuste de cuentas, las venganzas de todo tipo, las ambiciones desatadas y otros motivos menos frecuentes pero también inquietantes como el asunto de deudas atrasadas e incobrables. Lo preocupante es que el caldo de cultivo permanece intacto.
 
Las condiciones para la presencia de sicarios en Santa Cruz se han dado de manera altamente favorable. Por una parte, por la vigencia del narcotráfico en todas sus fases y el insuficiente control de esta actividad delictiva en el país. Por otro lado, se ha constatado una evidente situación de desigualdad económica y social en la población cruceña que alienta a la delincuencia y a la inseguridad colectiva. Un importante sector de la ciudadanía cruceña es migrante del área rural y del interior del departamento y del país. Su situación marginal de la economía y de las decisiones de la sociedad  alimentan,  junto a otros factores coadyuvantes, una suerte de bomba de tiempo social.
 
En este contexto, de suyo complejo y conflictivo, destaca de manera negativa la insuficiente tarea policial, cuyos denodados esfuerzos resultan infructuosos ante la poca disponibilidad de equipos modernos y personal suficiente para una ciudad en constante crecimiento poblacional. Conviene tener presente que el apoyo material y económico que precisa la institución del orden para un mejor desempeño, se encuentra estancado por factores políticos y de falta de entendimiento entre las autoridades locales y departamentales para trabajar de manera conjunta y coordinada con las nacionales. Para colmo de males, el trunco proceso de la autonomía departamental ha pasado su factura.
 
El denominado “sicariato” puede combatirse mejor, sin duda alguna. Pero es preciso que se tome en cuenta que aun así se estaría atacando los efectos y no las causas. El llamado de las autoridades pertinentes del Gobierno a barrer con las organizaciones criminales que operan en el país, ha impresionado como un acto desesperado que en el corto plazo puede tener efectos positivos. Sin embargo, a mediano y largo plazo el desafío aparece como titánico, a fuer de necesario y urgente. Con todo, la convocatoria a la Policía y a la ciudadanía merece destacarse en su justa medida. Resulta prudente recordar que la lucha contra la delincuencia constituye una responsabilidad colectiva.
 
El llamado a la “mano dura” puede interpretarse como una señal positiva en sentido que el Gobierno ha captado el peligro que entraña el crecimiento de un delito que suele enraizarse en las ciudades sin ley ni orden. En tales lugares, la permisividad, la impunidad y la violencia van de la mano de la insuficiente presencia policial y la carencia de los planes estratégicos correspondientes. Se han alzado voces discordantes en contra del endurecimiento contra el delito, cuando es la ciudadanía la que reclama mayor acción con resultados para garantizar la seguridad de la población. Conviene no perder de vista el bosque solo por ver el árbol. Luchar juntos es, sin duda, la premisa.

El llamado a la 'mano dura' puede interpretarse como una señal positiva en sentido que el Gobierno ha captado el peligro que entraña el crecimiento de un delito que suele enraizarse en las ciudades sin ley ni orden.

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