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Editorial
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El ciudadano responsable
Lunes,  16 de Abril, 2012

El progreso y desarrollo armónico de las ciudades tiene un costo social determinado: la convivencia civilizada de sus habitantes y autoridades sobre la base de estrictas normas de conducta y observación de valores respaldados por un marco jurídico legal coherente. Para ello, se hace preciso también un trabajo permanente y de largo aliento de las instituciones de control y organismos especialmente destinados a este fin, para que la inobservancia de las leyes y normas por las personas tengan su correlato de sanciones conforme al grado y tipo de transgresiones. Resulta justo señalar que sin la concurrencia de estos importantes factores se genera creciente inseguridad y desorden.

En el caso de la ciudad capital cruceña, se ha podido evidenciar grandes deficiencias en este terreno, confirmadas en el lugar de los hechos y publicadas en sendos artículos de prensa por este matutino. Un reciente artículo se ha ocupado del respeto de las normas de tráfico vehicular y peatonal y la observancia de las señalizaciones verticales y horizontales destinadas al ordenamiento de vehículos y personas. Ha llamado la atención que siendo Santa Cruz de la Sierra la capital de departamento que más ha invertido en señalización vehicular y peatonal, sea asimismo una de las más conflictivas en el tema del flujo vehicular e inseguridad para el peatón, con el consiguiente caos.

Sin duda, está haciendo falta un control efectivo del cumplimiento de las normas del flujo vehicular y del respeto a las señalizaciones de tránsito tanto para motorizados como para peatones. Todavía más, se ha puesto en evidencia que sin la imposición de sanciones económicas oportunas y rápidas a los infractores, reiterados infractores, poco es lo que se tiende a lograr. Las autoridades deben asumir que el control sin sanciones para los transgresores deviene en pérdida de tiempo y advertencias inútiles. Esta suerte de impunidad de conductores de vehículos y la conducta anárquica de los peatones ha estado favoreciendo el desorden, incremento de la inseguridad y el “nomeimportismo”.

También y de manera imprescindible, se hace perentorio el concurso del ciudadano responsable, del que respeta y cumple con las normativas legales que regulan el tráfico de vehículos y la conducta peatonal. Apelar a la responsabilidad ciudadana es una tarea colectiva por el interés común, que si bien es función de las autoridades, también implica el obligado concurso del conjunto de la sociedad, representada por las instituciones locales y los organismos sociales de base. Pero esa responsabilidad ciudadana tiende a diluirse si no existe el necesario y permanente control y sanción de las autoridades pertinentes, como ocurre con el asunto del carril “solo bus”. Un ejemplo.

En la medida que se sancione sistemáticamente y como corresponde a los infractores de las normas de tránsito, los demás ciudadanos estarán obligados a asumir su respectiva responsabilidad que, conviene recordar, está íntimamente ligada a su conciencia democrática, observancia de valores y principios que se adquieren en el hogar y la escuela y a su visión de ciudad. Conviene asumir de una vez por todas que Santa Cruz ya no es el poblado de antes, sino que se ha convertido en una metrópoli que exige con urgencia nueva mentalidad a ciudadanos y autoridades, expresada en el ejercicio constante de la responsabilidad ciudadana y el respeto irrestricto de la ley y sus normas.

Santa Cruz de la Sierra es una metrópoli que exige con urgencia una nueva mentalidad a ciudadanos y autoridades, expresada en el ejercicio constante de la responsabilidad ciudadana y el respeto irrestricto de la ley y sus normas.

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