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Editorial
Imparcialidad imprescindible
Editorial
Lunes,  26 de Abril, 2010

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha pospuesto la elección del Defensor del Pueblo por haberse hecho evidente que el partido en función de gobierno pretende imponer un candidato a su medida. Tal pretensión ha molestado con justa razón a la oposición, la que ha reclamado una manipulación de las candidaturas a favor del oficialismo. El Gobierno está en su pleno derecho de luchar por sus candidatos, pero también está en la obligación moral y jurídica de hacerlo desde el terreno de la mesura y el respeto de la legitimidad sin torcer las normas legales. La figura del Defensor del Pueblo exige sea una autoridad dotada de sensatez y también provista de clara imparcialidad e independencia respecto del poder.
Si el Defensor del Pueblo pierde su autonomía, tan necesaria e ineludible a la hora de tomar partido en situaciones problemáticas y se somete a los dictados del Gobierno, también pierde credibilidad ante la opinión pública y la propia ciudadanía. Tal situación mella en sumo grado el propio rol del Defensor, al mismo tiempo que lesiona el espíritu democrático que debe prevalecer en su accionar cotidiano. No extraña, por tanto, se hayan levantado voces de alarma ante este propósito oficialista. Entre éstas, la de Amnistía Internacional, que insta a las autoridades gubernamentales a respetar la independencia del Defensor del Pueblo, cuya misión es defender los derechos humanos frente a los órganos del Estado.
La imparcialidad del Defensor del Pueblo deviene en imprescindible para cumplir su rol constitucional. El contrapeso que ejerce la autoridad del Defensor en un estado democrático favorece el ejercicio del disenso y frena el abuso del poder. Sin autonomía e imparcialidad, la figura del Defensor del Pueblo se torna decorativa y poco creíble, al grado que sus actos pueden llegar a ser calificados de sospechosos y proclives a encubrir el autoritarismo, lo cual constituye una grave ofensa a la mentalidad democrática de un país que se precia de contar con un Estado de derecho. Sin independencia resaltan la obsecuencia y el servilismo.
Hasta el momento se han pasado por alto las evaluaciones de una Comisión Mixta conformada para calificar a los iniciales 14 postulantes a Defensor. Han comenzado a surgir otros criterios que favorecen a los candidatos oficialistas. Aun cuando se incorporen otros criterios de selección, de ninguna manera se puede perder de vista que el candidato elegido debe ser un modelo de ciudadano que antepone la justicia y la equidad para defender los derechos de los ciudadanos frente al poder y al abuso de éste. Para ello, se hace preciso que sea una autoridad independiente, autónoma e imparcial y sin deudas políticas por pagar.
De lo contrario, sin las condiciones “sine quanon” para ejercer el cargo, el Defensor del Pueblo se convierte en un lamentable instrumento al servicio de un gobierno autoritario, incapaz de levantar la voz en nombre de la ciudadanía, por haber perdido la credibilidad y la confianza que otorgan la imparcialidad y la independencia. Conviene advertir que la elección politizada del Defensor no sólo se puede transformar en un antecedente nocivo para la democracia boliviana, sino que deviene en perjudicial y ofensiva para el país en su conjunto, al tiempo que se corre el riesgo de mostrar una faceta vergonzosa de Bolivia frente al mundo.
 

La elección politizada del Defensor del Pueblo se puede transformar en un antecedente nocivo para la democracia boliviana.
 

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