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Editorial
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Problemas estructurales detás de la corrupción
Sábado,  23 de Mayo, 2020
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Bolivia arrastra viejos problemas que hacen prácticamente inviable la lucha contra la corrupción, pero hay otros que son nuevos que no sólo hacen que la tarea sea imposible, sino que tienden a agudizar el flagelo y extenderlo en todos los rincones de la sociedad.

Vamos por partes: nuestra joven democracia. Es natural que con menos de 40 años de vigencia todavía caminemos a tropezones. Los países que llevan siglos perfeccionando el estado de derecho tuvieron las mismas dificultades y todavía lidian con grandes obstáculos que les impiden conseguir óptimos niveles de transparencia que sólo han logrado un puñado de naciones en el mundo.

En nuestro medio, los gobernantes se niegan a ser controlados, se resisten a la fiscalización, odian rendir cuentas y rechazan el cumplimiento de los procedimientos y las normas creadas para efectuar gastos, realizar compras y llevar adelante proyectos con garantía de viabilidad, sostenibilidad, impacto social y racionalidad. La selección de funcionarios públicos no ayuda pues sigue imponiéndose la compadrería, la afinidad política, familiar y especialmente la connivencia, por no llamarla complicidad.

El otro viejo escollo es la justicia, cuya principal misión es hacer cumplir las leyes y controlar a los otros dos poderes del estado. En nuestro caso, el manejo de las leyes es garantía de impunidad para los amigos y de persecución para quienes están en la vereda del frente, no siempre para fiscalizar y exigir limpieza, sino para llevarse una parte del pastel a fuerza del chantaje y la presión pública. Hemos visto demasiados ejemplos de “férreos luchadores contra la corrupción” que caen en los mismos errores cuando llegan a ocupar cargos públicos. Esto también forma parte de la estructural debilidad política que existe en nuestro país, de la ausencia de convicciones y de la carencia de partidos con larga tradición en el manejo de la cosa pública. En nuestro país, el oportunismo es casi una doctrina que genera improvisación, cortoplacismo y una tendencia instintiva de los políticos a aprovecharse de los bienes estatales.

El otro factor que impide la construcción de un gobierno transparente es la ausencia de libertad de expresión. Hemos sido testigos en las últimas semanas, cómo el periodismo es capaz de investigar y desnudar situaciones irregulares y de esa manera contribuir sustancialmente a corregir el rumbo de una administración, pero lamentablemente estamos ante una excepción y no la regla, pues tradicionalmente hemos vivido en contextos restringidos para la prensa libre y de hecho, el gobierno actual también intentó introducir sus propios cercos.

Como decíamos, en los últimos tiempos ha resurgido un viejo problema que ha venido a agudizar todos los defectos mencionados arriba y por supuesto, interviene en la pérdida de transparencia y lo que es más grave todavía, en la involución de nuestra democracia. Ese fenómeno se llama prorroguismo y deshacernos de él es de extrema urgencia.

En nuestro medio, los gobernantes se niegan a ser controlados, se resisten a la fiscalización, odian rendir cuentas y rechazan el cumplimiento de los procedimientos y las normas creadas para efectuar gastos, realizar compras y llevar adelante proyectos con garantía de viabilidad, sostenibilidad, impacto social y racionalidad.