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Editorial
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Violencia doméstica: estadísticas trágicas
Jueves,  28  de Febrero, 2019
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La realidad nos muestra todos los días que los criminales son los que mejor conocen las leyes y juegan con ellas con la complicidad de los administradores de justicia, de los fiscales y la Policía. La prueba es que peligrosos delincuentes entran y salen de las cárceles con suma facilidad, reinciden y causan zozobra, mientras que miles de reclusos que han cometido faltas menores, se pasan años con detención preventiva y terminan pudriéndose en esas mazmorras indescriptibles.

Es seguro que los abusadores, esos que golpean a sus parejas, que las mandan al hospital con graves heridas y que frecuentemente provocan muerte, también sean unos expertos en jugar con el sistema putrefacto que reina en el país y no hay duda que conocen al dedillo las estadísticas. De acuerdo a los datos acumulados en los últimos cuatro años, por más abusos y golpes le cause un individuo a su esposa o a su novia (o viceversa), tiene un poco más del uno por ciento de ser procesado y recibir un castigo.

Entre 2015 y 2018, se registraron en todo el país más de 113 mil procesos penales por violencia contra la mujer y exactamente el 98,87 por ciento de los casos se quedaron en el camino, pues solo hubo 1.284 sentencias condenatorias, lo que significa un irrisorio y vergonzoso 1,13 por ciento.  Esta información ha sido proporcionada por la Defensoría del Pueblo, entidad que recibe todos los días las quejas de miles de mujeres por malos tratos en instancias públicas, falta de atención a sus demandas y la displicencia con la que son tratadas por servidores públicos que por ley deben actuar con solvencia, para reducir la alta incidencia que tiene este problema en Bolivia, que lamentablemente hoy figura entre las naciones con mayor índice de violencia contra la mujer.

Las mujeres que sufren la humillación y la violencia dentro de sus hogares, viven un doble calvario cuando deben acudir a presentar su denuncia, pues no solo las someten a un trato discriminatorio y peyorativo, sino que también las obligan a hacer todo un recorrido burocrático que termina por favorecer la impunidad y la reincidencia. Por lo que se puede conocer, en las estadísticas de la Defensoría, el sufrimiento no se detiene en los tribunales, donde además de enfrentarse a los altos costos de cualquier juicio, las víctimas se estrellan contra un contexto que favorece al imputado y que diluye los procesos en un mar de trampas y chicanas.

Para colmo no existe cumplimiento de las leyes creadas para combatir este delito, pocos municipios cuentan con servicios legales integrales para atender a las afectadas, no existe el personal entrenado para asistir en estos casos y tampoco la infraestructura y la logística que requiere un combate serio de la violencia doméstica. En estas condiciones es imposible pensar en asegurarle un futuro menos dramático a las mujeres, pues el mayor estímulo de la violencia es precisamente la impunidad.

Entre 2015 y 2018, se registraron en todo el país más de 113 mil procesos penales por violencia contra la mujer y exactamente el 98,87 por ciento de los casos se quedaron en el camino, pues solo hubo 1.284 sentencias condenatorias, lo que significa un irrisorio y vergonzoso 1,13 por ciento.