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Domingo,  4  de Noviembre, 2018
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El movimiento cívico nacional ha decidido poner el punto sobre las íes en el confuso panorama político nacional y recordarle a la población, al Gobierno y a los políticos sumidos en el electoralismo, que la lucha fundamental que enfrenta el país es por el respeto a la democracia y la voluntad popular; que esa guerra no ha terminado y que no se puede avanzar hacia ningún lado mientras no se despejen los riesgos de llevar a Bolivia por el sendero de la dictadura.

Los representantes de la sociedad civil han decidido convocar a un paro nacional para el 6 diciembre, dos días antes de la fecha en la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe comunicar los nombres de los candidatos habilitados para participar en las elecciones primarias estipuladas en la nueva ley de organizaciones políticas, instrumento creado por el oficialismo para habilitar ilegalmente al presidente Morales.

De hecho, los cívicos exigen la anulación de esa ley engañosa que además de anidar una trampa que ayude a esquivar el referéndum del 21 de febrero, vuelve a dejar al país a expensas de la politiquería, los partidos tradicionales y las viejas figuras, dándole la espalda al protagonismo ciudadano que busca mayor legitimidad a la administración de la cosa pública. Las instituciones regionales quieren que el TSE cumpla su responsabilidad institucional consistente en hacer respetar el voto del soberano, constituido en el poder supremo que está por encima de cualquier otra disposición u organismo que intente torcer las leyes o contradecir la constitución. 

Durante las últimas semanas el Gobierno ha estado presionando descaradamente al TSE para que pase por alto la misión que le corresponde y que consiste en hacer respetar el carácter vinculante de la consulta del 21F.  Cada vez lo hace con más fuerza y desvergüenza, al extremo de haber creado sismas internos y dimisiones de dos miembros, acobardados de tanta presión. En estos días, los operadores del régimen han activado mecanismos para hacer los nombramientos y sustituciones que hagan falta para asegurarse una respuesta positiva del árbitro electoral.

La medida anunciada por los cívicos busca respaldar a las autoridades electorales, recordarles que están ante una encrucijada concluyente para la vida del país y que está en sus manos evitar que la vida política nacional se degenere, que retorne el autoritarismo al país y que vuelvan los tiempos de alta convulsión. Esa posibilidad está a la vuelta de la esquina, pues existe la propuesta de convocar a un paro nacional indefinido en caso de que la decisión se incline por satisfacer los apetitos de perpetuidad de los actuales gobernantes.

El riesgo del Gobierno es enfrentar nuevamente el malestar y las movilizaciones que generó a fines del año pasado la aprobación del nuevo código penal, que inmediatamente desató una ola de protestas que se prolongó por varios meses. Todo ese movimiento ha generado una sólida conciencia ciudadana sobre el momento histórico que estamos viviendo, sobre la importancia de cuidar la democracia y evitar la decadencia del país. No cabe duda que la población está dispuesta a actuar a la altura de la historia.

La medida anunciada por los cívicos busca respaldar a las autoridades electorales, recordarles que están ante una encrucijada concluyente para la vida del país y que está en sus manos evitar que la vida política nacional se degenere, que retorne el autoritarismo al país y que vuelvan los tiempos de alta convulsión

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