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Editorial
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Los dueños de la ciudad
Miércoles,  7 de Marzo, 2018

Esta “guerra de puentes” que se ha desatado en Santa Cruz, que también es una guerra de urbanizaciones, una guerra de mercados y de manera constante, una guerra de los transportistas por dominar las calles, es el reflejo de que la ciudad no tiene dueño o tal vez hay muchos que se sienten propietarios, conflicto en el que siempre sale como perdedor el ciudadano que ha elegido autoridades, precisamente hacer respetar las normas de convivencia y el bien común.

Santa Cruz ha crecido y se ha convertido en la locomotora de la economía boliviana, gracias a la iniciativa de sus habitantes, a la facilidad para hacer negocios y a la ausencia de trabas políticas, sindicales y burocráticas que suelen abundar en otras partes del país y que hacen inviable el desarrollo de la propiedad privada, el único factor de multiplicación de la riqueza.

En otras palabras, la libertad es el principal activo que encuentran los que llegan a estas tierras a trabajar y prosperar y este crecimiento no puede ser frenado, sino todo lo contrario, pues es obligación de las instituciones estatales, empezando desde los municipios, de estimular los emprendimientos que hacen crecer el empleo, la industria y todo tipo de actividades económicas. Pero al mismo tiempo, es deber de las entidades llamadas por ley a establecer las regulaciones mínimas, el marco legal indispensable y las condiciones idóneas para asegurar cierta armonía, equilibrio y especialmente la sostenibilidad.

Si nos vamos a los mercados por ejemplo, lamentablemente se ha permitido que los gremiales se conviertan en los amos y señores del sistema de abastecimiento y en la actualidad, ese aspecto tan vital para la sociedad es un gigantesco problema que no parece tener solución. Por otro lado, si dejamos que el caos continúe y se multiplique, en un futuro cercano la ciudad entera será un solo mercado y no habrá espacios públicos para circular o buscar el esparcimiento.

Ese mismo razonamiento podemos trasladarlo al problema del transporte y por supuesto al conflicto de las urbanizaciones que ha desatado la “guerra de puentes”. Las alcaldías y otras instituciones han encontrado una gran comodidad al promover los condominios cerrados, pues así se deshacen de una enorme cantidad de obligaciones como pavimentar, dotar de servicios básicos, brindar seguridad, construir espacios de recreo, etc. En resumidas cuentas, el Estado les ha cedido a los privados la obligación de construir y administrar la ciudad y obviamente, cada uno lo ha hecho buscando sus propios intereses y los de sus clientes.

No es de extrañarse que todos esos actores reclamen hoy lo que consideran suyo y pongan a las autoridades ante el reto de aceptar las imposiciones, con el agravante de que en fondo de este dilema se esté produciendo una lucha de intereses en la que no está presente el bienestar del vecino. La única solución es la recuperación de la autoridad, que consiste en el ejercicio del poder pero a través de la ética y eso solo se puede conseguir con transparencia.

Todos los actores de la ciudad reclaman hoy lo que consideran suyo y ponen a las autoridades ante el reto de aceptar las imposiciones, con el agravante de que en fondo de este dilema se esté produciendo una lucha de intereses en la que no está presente el bienestar del vecino.

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