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Editorial
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Crecimiento sin control
Martes,  21  de Noviembre, 2017

La denominada área metropolitana de Santa Cruz, que abarca media docena de municipios y tres provincias hoy supera las 81.800 hectáreas, lo que equivale a 816 kilómetros cuadrados, una extensión superior a la de Singapur, país que hoy es modelo de planificación y desarrollo habitado por casi seis millones de habitantes, el doble de todo el departamento.

Hablar de metrópoli es una exageración, pues nuestra ciudad está muy lejos de serlo. Le falta casi todo, tiene falencias en el transporte, el abastecimiento y los servicios básicos y, tal como se puede ver con el “pataleo” del traslado de los mercados, la cosa tira para largo y es probable que termine convirtiéndose en una misión imposible.

Según lo demuestra un reciente estudio realizado por el Centro de Investigaciones Urbanas, Diseño y Arquitectura de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), Santa Cruz no es más que un inmenso lote baldío que se va extendiendo de manera desordenada hacia los cuatro puntos cardinales y a medida que crece, va multiplicando los problemas y agudizando los ya existentes.

El estudio señala que si bien hay una gran cantidad de urbanizaciones, condominios, barrios, calles y pavimento en todas direcciones, apenas la mitad del área expandida gracias al boom inmobiliario en auge, está habitado y en su mayor parte, las casi 82 mil hectáreas de las que hablamos corresponden a lotes de engorde, de bajísima densidad demográfica, pero que en los hechos representan un enorme desafío para la dotación de servicios básicos, escuelas, hospitales y otras prestaciones, porque tarde o temprano, las minorías eficientes empezarán a protestar y bloquear y los politiqueros, a satisfacer caprichos y alimentar el clientelismo.

Las alcaldías de La Guardia, Cotoca, Warnes, Porongo, Santa Cruz, El Torno y Portachuelo se han dedicado a aprobar urbanizaciones como si fueran hongos, con escaso control y previsión; han permitido la destrucción del medio ambiente, han bastardeado la planificación urbana y se han vuelto cómplices de este desbarajuste que comenzará a pasarnos costosas facturas desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Se trata de un excelente negocio político, pues además de generar fuertes ingresos a cambio de la aprobación acelerada de los “loteamientos”, se deshacen de algunos problemas como la pavimentación, la creación de parques e iluminación, servicios que los aporta el inversionista y que los paga el comprador de los terrenos, generando un altísimo factor de especulación sobre la tierra. A los municipios les quedan libres los dineros de los impuestos que frecuentemente son usados nada más que para articular ese expansionismo urbano a través de obras viajes vertebradoras.

El caso del Urubó, donde se ha decretado una pausa administrativa, es una señal de advertencia, pues el descontrol que se ha perpetrado allí se traduce en graves amenazas contra la provisión de agua potable para el resto de la ciudad, por citar solo una de las grandes complicaciones que se multiplicarán si se mantiene este zafarrancho.

El estudio señala que si bien hay una gran cantidad de urbanizaciones, condominios, barrios, calles y pavimento en todas direcciones, apenas la mitad del área expandida gracias al boom inmobiliario en auge, está habitado.

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