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Editorial
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La verdadera oposición
Jueves,  26 de Octubre, 2017

En Venezuela han prohibido criticar al Gobierno, han penalizado las movilizaciones contrarias al régimen y prácticamente han eliminado la libertad de expresión. En Bolivia tendrán que hacer lo mismo si es que intentan seguir el camino venezolano, aunque sea de forma disimulada, a través de un ambiguo artículo del Código Penal que pone a la altura de la subversión cualquier protesta que defienda la constitución, lo que equivale a pelear por la voluntad del pueblo, por el soberano, por lo más elemental que todavía le queda a la democracia en el país.

En resumidas cuentas, lo que se busca es callar al pueblo, a las nuevas organizaciones que surgen en las redes sociales, que salen a las calles en forma espontánea, que se pueden organizar, juntar decenas de miles en las plazas y que pueden llevar adelante una propuesta como la que se expresó el 21 de febrero de 2016 y que seguramente darán pelea para que se respete esa decisión.

Lo más interesante del caso es que ese pueblo ya no necesita partidos, líderes tradicionales ni de los que se hacen llamar opositores, que no siempre están en sintonía con la voluntad popular y que frecuentemente jalan en sentido contrario. Eso le incomoda a cualquier gobierno, pues no están en la capacidad de aplicar las clásicas estrategias de manipulación, coerción y persecución, como lo ha venido haciendo el populismo latinoamericano durante la última década.

Hay que reconocerlo: en su momento no hubo mejor representante del pueblo que el Gobierno actual. Su ascenso al poder se produjo a través de triunfos históricos en las urnas, un enorme consenso sobre el rumbo que debía tomar nuestra democracia y una fuerte relación con la gente que se nutría a través de un lenguaje cercano y un discurso lleno de significado.

De esa forma el “proceso de cambio” se adueñó de la representatividad y con ella construyó sus ejes políticos por medio de extremos como “pueblo versus antipueblo”, “honestos versus corruptos”, “revolucionarios versus vendepatrias”, “originarios versus oligarcas”, etc, etc. Con una buena dosis de legitimidad y de la mano de la inclusión, el Gobierno alzó las banderas del cambio y se lanzó a la conquista de la hegemonía plena convencido de que eran la reserva moral del país que iba a derrotar los males endémicos de la Bolivia republicana, neoliberal, racista y excluyente.

Jugó a favor de la “revolución”, la existencia de una clase política carente de moral, descalificada y cuestionada por el propio pueblo que le quitó su apoyo a partir de las gigantescas movilizaciones que surgieron al iniciar el siglo, que tuvieron su punto culminante en 2003 y su consagración en diciembre de 2005. 

La gran preocupación del Gobierno no es la caída en las encuestas, la aparición de alternativas políticas o la pérdida de credibilidad. Lo grave para ellos es que el mismo pueblo se le pone al frente y comienza a construir sus propios ejes contrapuestos: “ciudadanos honestos versus corruptos”, “democracia versus dictadura”, “constitución versus autoritarios”, “verdadero pueblo versus impostores”. Se trata de una realidad difícil de remontar con un artículo en el Código Penal y menos con más atropellos a la democracia.

La gran preocupación del Gobierno no es la caída en las encuestas, la aparición de alternativas políticas o la pérdida de credibilidad. Lo grave para ellos es que el mismo pueblo se le pone al frente y comienza a construir sus propios ejes contrapuestos: 'ciudadanos honestos versus corruptos', 'democracia versus dictadura'...

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