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Editorial
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¿Punto de inflexión?
Domingo,  2 de Julio, 2017

Con la anulación de los procesos de contratación para la construcción de la planta de propileno y polipropileno para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos y la propia presidencia de la institución petrolera estatal, pretende lograr un punto de inflexión en el sistema de control interno. Esta decisión busca disminuir el ruido mediático que ha provocado el explosivo caso Taladros, cuyas ondas expansivas han afectado otros procesos como el que involucraba a la empresa italiana Tecnimont, en principio la destinada a construir la planta de petroquímica, cuya inversión se ha calculado en dos mil millones de dólares.
 
Todavía más, se ha anunciado la revisión de otros veinte procesos de contratación, que están en diferentes etapas, con el fin de garantizar su transparencia. Aprovechando las circunstancias de río revuelto, la oposición ha solicitado se revise e investigue a fondo también el contrato con las empresas de transporte que utiliza la institución petrolera estatal, en el supuesto que aquellas pueden estar ligadas al narcotráfico. Significaría un antecedente nefasto para Yacimientos, han enfatizado. Sin duda, todo indica que se hace imperioso transparentar lo que se hace en la empresa petrolera estatal, cuya gestión ha sufrido hechos de corrupción desde que el Gobierno ha decretado su nacionalización.
 
Resulta sensato señalar que el Gobierno ha tenido que actuar con mano dura con las autoridades sorprendidas en estos hechos irregulares. No podía esperarse menos. Por ello, varias han sido objeto de procesos judiciales e incluso se ha enviado a algunas a la cárcel. El caso Achá es uno de los últimos y se ventila en los estrados judiciales hasta determinar su responsabilidad en las irregularidades administrativas denunciadas. Sin embargo, conviene admitir que existe coincidencia en que se ha llegado a un límite en lo que se refiere a la sucesión de hechos irregulares en la institución petrolera nacional. Ha llegado la hora de cambiar de rumbo. Hace falta transparencia e idoneidad, sin duda.
 
Ese punto de inflexión resulta imperativo. Se ha anunciado que la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos trabajará estrechamente con la Unidad de Transparencia para la modificación de los procesos de contratación, de tal manera que los sistemas de control interno garanticen a tiempo cualquier irregularidad y se eviten observaciones que deriven en daños a la institución, como ha estado ocurriendo. Al hacer pública esta afirmación, no solo se ratifica que las irregularidades se venían dando hasta que saltan las denuncias, sino que se pretende hacer las cosas mejor de aquí en adelante. Reconocer defectos constituye un gran paso para actuar con responsabilidad.
 
La ciudadanía y la opinión pública espera que el proceso de transparencia y la funcionalidad y eficacia del sistema del control interno de la institución petrolera estatal se hagan efectivos de una vez por todas. No solo porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es propiedad del pueblo boliviano sino porque resulta inadmisible que funcionarios corruptos pretendan hacerse millonarios a costa de los bienes públicos sin que se les identifique y sancione como corresponda. El anuncio del punto de inflexión en la conducción y gestión de la petrolera estatal debe ser bienvenido, especialmente si en el horizonte del gas, por ejemplo, surgen nuevos y distintos desafíos.

Existe coincidencia en que se ha llegado a un límite en lo que se refiere a la sucesión de hechos irregulares en la institución petrolera nacional. Ha llegado la hora de cambiar de rumbo. Hace falta transparencia e idoneidad, sin duda.

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