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Editorial
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La condición indispensable
Sábado,  20 de Mayo, 2017

La realidad carcelaria del país ha sido puesta sobre la mesa del debate -una vez más-luego que el Subcomité para la Prevención de la Tortura, organismo dependiente de la  Organización de las Naciones Unidas, haya expresado su preocupación por el elevado porcentaje de la población carcelaria detenida de manera preventiva. Por una parte, porque ello significa una muestra clara de la retardación de la justicia que existe en el territorio nacional, mientras que por la otra se presenta como una de las causas principales del hacinamiento de los recintos penitenciarios. Ante tal panorama, ha exigido a las autoridades nacionales mayores esfuerzos para revertir esta triste situación.
 
Las observaciones del organismo internacional se han exteriorizado luego de una segunda visita de una misión del subórgano de las Naciones Unidas a las cárceles del país. En su exhorto, reconocen de modo amplio los cambios acaecidos en las estructuras políticas, institucionales y sociales bolivianas, pese a que esos cambios no se han traducido en el fortalecimiento de las tareas de prevención de la tortura en todos sus órdenes y niveles. Por tal razón se ha incidido en la necesidad imperiosa de la independencia funcional y administrativa del Servicio para la Prevención de la Tortura, como la condición indispensable -e impostergable- para garantizar su real efectividad.
 
En otras palabras, se ha observado que la subordinación del Servicio de Prevención de la Tortura al Ministerio de Justicia compromete no sólo su rol y resultados, sino que va a contramano de la independencia funcional y administrativa de los mecanismos nacionales de prevención, que es la disposición fundamental del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura, al cual se adhirió el país, para prevenir la tortura y los malos tratos que afectan a los detenidos en los recintos carcelarios de los países suscribientes. Solo el constatar hacinamiento de la población carcelaria, por efecto de la detención preventiva, ha obligado a solicitar se mejore el sistema carcelario de Bolivia.
 
El monitoreo de los centros penitenciarios del país está bajo la responsabilidad del Servicio de Prevención de la Tortura (Sepret), institución dependiente del Ministerio de Justicia. La visita conjunta de autoridades de este organismo nacional y los miembros de la misión de las Naciones Unidas, por espacio de nueve días a veintitrés centros penitenciarios del país, estaciones de policía, centros para adolescentes en conflicto con la ley, celdas judiciales, hospital siquiátrico, entrevistando a las autoridades y personal de esos lugares, ha concluido con una realidad incuestionable: la dependencia del Poder Ejecutivo condiciona la efectividad del Servicio nacional de Prevención de la Tortura.
 
Si se pretende cambiar la realidad carcelaria del país, de suya angustiante y lastimosa, no solo es preciso reformar profundamente la Justicia en Bolivia, sino lograr una visión y acción completamente independiente del Poder Ejecutivo para encarar la situación de la población carcelaria del país. Si bien las autoridades nacionales han hecho saber que existe un plan de reforma normativa para revertir la situación con medidas sustitutivas a la cárcel, como el uso de manillas electrónicas, la detención domiciliaria y la conciliación, éstas se presentan como de largo aliento. Sin embargo, sigue y seguirá latente la condición indispensable: independencia funcional y administrativa del Sepret.

Si se pretende cambiar la realidad carcelaria del país, de suya angustiante y lastimosa, no solo es preciso reformar profundamente la Justicia en Bolivia, sino lograr que los organismos responsables de su gestión sean independientes funcional y administrativamente del Poder Ejecutivo.

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