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Editorial
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Los errores son para aprender
Jueves,  4 de Mayo, 2017

El Gobierno ha reconocido que el aumento salarial recientemente aprobado puede convertirse en un error y un perjuicio para las empresas y por supuesto, para los trabajadores, por el aumento del desempleo que la medida puede acarrear. Sin embargo, lo hizo por un mero rédito político inmediatista, cuya máxima ganancia tal vez haya sido haberle hecho un lugar al presidente en las marchas del primero de mayo.

También reconoció no hace mucho, que el referéndum del 21 de febrero de 2015 fue un desacierto del que todavía no logran recuperarse y que ha marcado el futuro del Gobierno, cuya credibilidad va en picada en la medida que se multiplican los errores. Esa consulta más bien fue un empecinamiento que será imposible de borrar por más manipulaciones que se inventen.

Hoy la agenda política, que debería estar copada por la gestión y la atención de la crisis económica, está saturada con una reincidencia, una tozudez que no solo tiende a empeorar la situación de la justicia, que ya no le queda fondo qué tocar, sino a complicar el clima político nacional, además de llevar al oficialismo a un deterioro más apresurado de su imagen pública.

Las elecciones judiciales nacieron fracasadas, porque fácilmente se olvida que aquella vez, en octubre de 2011, el gran ganador fue el voto nulo y el ausentismo, mecanismos que tuvo la ciudadanía para hacerle saber a las autoridades que ese no era el camino para transformar el Poder Judicial, que sigue siendo inaccesible, costoso, corrupto, politizado, burocrático y torcido, especialmente para quienes no tienen ni los recursos económicos ni los contactos políticos para sacar un fallo a su favor.

En lugar de atacar el fondo del problema de la justicia, la primera necesidad de cualquier sociedad que aspire a abandonar sus resabios tribales, el Gobierno busca repetir la dosis, adornando el proceso de selección de candidatos con cierta parafernalia normativa que ya no convence a nadie, pues lo más claro es la necesidad que tiene el régimen de maquillar los tribunales con el objetivo de arremeter con una nueva intentona reeleccionista. 

Las advertencias llegan de todos lados, no solo de la oposición. El más reciente pronunciamiento corresponde a la Iglesia Católica, a través de la Asamblea de Obispos que han pedido al Gobierno llevar adelante la más elemental reforma judicial, la más importante y necesaria, que consiste en despolitizar los tribunales, respetar la independencia del órgano que está llamado precisamente a controlar el ejercicio del poder y obligar a las autoridades elegidas a cumplir y hacer cumplir las leyes, algo que el régimen no tiene intenciones de respetar, pues su cometido es justamente hacer todo lo contrario. 

Este es un error que, como decíamos, seguirá empeorando la situación de la justicia; que constituirá un retraso en el progreso institucional del país; que le provocará otra herida letal a la democracia y a la credibilidad del sistema estatal, pero antes que nada, será un nuevo desliz del “proceso de cambio” en su acelerado proceso de deterioro.

Las elecciones judiciales nacieron fracasadas, porque fácilmente se olvida que aquella vez, en octubre de 2011, el gran ganador fue el voto nulo y el ausentismo, mecanismos que tuvo la ciudadanía para hacerle saber a las autoridades que ese no era el camino para transformar el Poder Judicial.

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