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Editorial
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'Prepararse para lo peor'
Martes,  22  de Noviembre, 2016

Hay que estar preparados para lo peor”, ha sido la frase del presidente Morales al momento de hacer público el decreto 2987 que declara “Estado de Emergencia” en el país a raíz de la grave escasez de agua, que pone en aprietos a seis de los nueve departamentos del país.

El anuncio llega después del remezón causado por el inicio del racionamiento de agua en un centenar de barrios paceños, problema que puso al desnudo una vergonzosa situación de desinformación, caos e ineficiencia dentro del Gobierno,  que obligó al primer mandatario a hacer algunos cambios y asumir el asunto con una dosis de sinceridad, transformada hoy en una predicción aterradora.

El presidente ha tenido tiempo de recorrer las represas y las fuentes de aprovisionamiento de agua de las ciudades que hoy enfrentan las carencias y tal como lo anunció hace unos días, el problema no solo podría agudizarse, sino prolongarse hasta el 2017 y más.

Nadie puede sospechar a qué se refiere el jefe de Estado cuando dice “lo peor”, pues la crisis del agua está ocasionando enfrentamientos, protestas y violencia entre vecinos y comunarios de todos los rincones del país. Se están detectando algunos movimientos migratorios de campesinos, algunos de los cuales recurren a Chile en busca del recurso y es posible anticipar un éxodo sin precedentes, mucho más dramático que los ocurridos en décadas anteriores, cuando la sequía hizo estragos en los valles potosinos y otras regiones del Altiplano.

Si el Gobierno ha podido advertir estos riesgos, es oportuno que se ponga a la altura de los desafíos y comience a encarar las políticas públicas con la seriedad que requieren, más allá de las angurrias proselitistas que obligan a actuar con improvisación, sin criterio técnico, con bajo impacto y altos costos.

El presidente ha dicho que va a concentrar su agenda en el problema del agua y se espera que cumpla su palabra, pues se ha comprobado que sus colaboradores le mienten, le informan mal o le esconden información valiosa, pues detrás de todo, existe corrupción, manejos irregulares que no solo están dañando la imagen de la administración, sino que están conduciendo a situaciones lamentables como esta, que es replicable en el caso de la industria gasífera, donde hay serios inconvenientes para lograr los cupos indispensables de producción.

El decreto aprobado autoriza el desembolso de recursos extraordinarios y se aguarda también que esto no sirva para agudizar los apetitos de los funcionarios indolentes que seguramente van a tratar de aprovechar para pescar en río revuelto. Otro de los riesgos es que el centralismo vea oportuna la emergencia para echarle el guante a fondos pertenecientes a los municipios y gobernaciones con intenciones de darles una nueva estocada y debilitar estas instancias. Tal como se ha visto en la elaboración del presupuesto, el Gobierno central dispone de casi el 90 por ciento de los fondos públicos y es ocasión para que invierta bien y evite los gastos suntuarios. Con eso alcanzaría.

Si el Gobierno ha podido advertir los riegos que trae la crisis del agua, es oportuno que se ponga a la altura de los desafíos y comience a encarar las políticas públicas con la seriedad que requieren, más allá de las angurrias proselitistas que obligan a actuar con improvisación, sin criterio técnico, con bajo impacto y altos costos.

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