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Editorial
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Conflicto latente
Domingo,  11 de Septiembre, 2016

No hay bloqueos, dinamitazos ni protestas, pero la situación del conflicto con los mineros cooperativistas no es mejor que cuando se produjeron las muertes de la última semana de agosto.

El estruendo de los bombazos ha sido sustituido por una suerte de guerra fría entre el gobierno y los dirigentes del sector que están bajo sospecha de haber perpetrado el secuestro y el linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes.

Tras los hechos violentos, el gobierno lanzó una serie de decretos con una clara intención de provocación o de ingresar en un juego de poder, en lugar de ser instrumentos legales destinados a imponer el sistema institucional vigente en el país, pero que ha sido pasado por alto durante los últimos diez años por los mineros que han aumentado sus exigencias para mantener su lealtad al “proceso de cambio”.

Como era de esperar, los mineros se niegan a aceptar los decretos, aseguran que no van a acatarlos y se mantienen amenazantes esperando que el gobierno desista y acceda a sus caprichos que pasan por no respetar las leyes ambientales, acceder a recursos públicos para conseguir ventajas extraordinarias y desobedecer la norma que obliga a las cooperativas a aceptar los sindicatos de trabajadores.

En el fondo, lo que han hecho las cooperativas es desnudar el debilitamiento del gobierno, poner en evidencia la grave crisis económica que atraviesa el estado por la caída de los precios de las materias primas y en ese contexto cuestionan el modelo estatista, pues exigen también que el gobierno les acepte sus negocios con empresas privadas sin cumplir con el requisito de la aprobación congresal de los contratos que comprometen concesiones públicas.

El gobierno ha elevado su apuesta esperando doblegar a los mineros. Les ha exigido la entrega de los asesinos de Illanes, pero con esta postura no hace más que dejar ver la imposibilidad que tiene de imponer la ley, perseguir a los culpables y juzgarlos como corresponde. Los cooperativistas no solo van a ignorar  este pedido sino que están exigiendo la liberación de los detenidos acusados de varios delitos durante los luctuosos hechos de agosto.

Se ha creado un comité de pacificación con los mineros, pero los integrantes son dirigentes que en lugar de facilitar el diálogo han comenzado a manifestar su descontento con el proceder del gobierno, pues lógicamente están en medio de un conflicto de intereses. Del otro lado, el gobierno tampoco genera confianza, pues nadie se explica este repentino cambio de actitud en relación a uno de sus principales aliados y además, la ausencia de justicia y la forma tan dispareja cómo se aplican las leyes, le resta toda la autoridad que hace falta para hacer respetar el estado de derecho.

Es saludable que el país esté sin bloqueos, sin bombazos, sin heridos ni muertos. Es indispensable que el diálogo se imponga y que cesen las amenazas de un lado y de otro. Pero resulta ineludible que el gobierno asuma su rol que le exige la Constitución y que los mineros se encuadren en su condición de ciudadanos sin privilegios ante las leyes. De no quedar claros estos aspectos, el conflicto se mantendrá latente y podría rebrotar en cualquier momento.

Es saludable que el país esté sin bloqueos, sin bombazos, sin heridos ni muertos. Es indispensable que el diálogo se imponga y que cesen las amenazas de un lado y de otro. Pero resulta ineludible que el gobierno asuma su rol que le exige la Constitución y que los mineros se encuadren en su condición de ciudadanos sin privilegios ante las leyes. De no quedar claros estos aspectos, el conflicto se mantendrá latente y podría rebrotar en cualquier momento.

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