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Editorial
El registro ciudadano
Editorial
Sábado,  28  de Noviembre, 2009

Recién nomás se ha puesto sobre el tapete la credibilidad del nuevo registro electoral biométrico. Las dudas han partido desde la oposición, que sospecha de todo movimiento que realiza el oficialismo. Según el Organismo Electoral Prurinacional, existen más de cuatrocientos mil ciudadanos observados. Estos ciudadanos podrían verse impedidos de votar si no se apresuran a resolver las dudas surgidas por el cruce de información con los datos del registro civil y la proporcionada por la carnetización ciudadana. Por ello, se ha llegado al extremo de poner en duda la propia realización de los comicios por sospechas de fraude electoral.
En realidad, se trata de un problema producto de la pobreza estructural del país, que conviene abordar con cautela. Si hace poco nos congratulamos por haber logrado un registro electoral biométrico en tiempo exacto y en cantidad de ciudadanos inscritos que superaron las expectativas, de pronto nos topamos con que la información proveniente de otras bases de datos muestran deficiencias e insuficiencias en el registro ciudadano, que todos esperan sean subsanables. Los primeros indicios apuntan a un proceso de carnetización que todavía muestra sus lagunas. No sólo el que ha iniciado el Gobierno con ayuda venezolana, lo que le ha significado críticas, sino el propio registro anterior.
¿Qué tiene que ver la pobreza estructural del país con el registro ciudadano? Esta pregunta quizás no se la haya formulado si no hubieran surgido las aristas que nos incomodan hoy. Es “vox populi” que al otorgar carnés de identidad se cometen errores de transcripción y omisión de datos. Estos se deben a la escasa capacitación de los registradores para colocar datos precisos, y otras veces a la instrucción escolar deficiente de los mismos registradores que cometen errores y omisiones. Los ciudadanos saben muy bien las peripecias que deben realizar luego para que sus datos queden en orden. Este registro con errores ha repercutido en el padrón biométrico.
Por eso resulta sensato que el Organismo Electoral Plurinacional haya instruido que los ciudadanos observados aporten con documentos de respaldo para así habilitarse y votar. Mientras que otros ven la sombra del fraude, por razones estrictamente políticas, que tampoco se puede minimizar, no es posible pasar por alto el hecho que la pobreza del país nos ofrece este tipo de condimentos. El propio proceso de carnetización iniciado con fondos de ayuda venezolana ha sido visto como una maniobra electoral, pero en el fondo ha sido un intento de resolver la carencia de documentos de gran parte de la población boliviana.
Más temprano que tarde la pobreza estructural tenía que pasarnos la factura. No sólo que la gente carece de documentos básicos, como certificado de nacimiento, sino que el registro mismo presenta falencias por insuficiencia o deficiencia de transcripción de datos y de capacitación de los registradores. Sin embargo, todo indica que este problema deberá resolverse por la vía de la tolerancia y el apego a la documentación de respaldo hasta donde lo permitan las normas legales. Y aún así, no resulta fácil admitir que la carnetización está libre de connotaciones políticas. Ha sido así desde antes y no parece que las cosas hayan cambiado.

En realidad, las falencias conforman un problema producto de la pobreza estructural del país que conviene abordar con cautela.

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