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Editorial
Tribuna
La verdadera pregunta
Domingo,  18 de Octubre, 2015

Cierto que tratándose de una democracia participativa la consulta popular o mejor el llamado referéndum es una de sus expresiones más típicas porque es el pueblo el llamado directamente a responder la cuestión que le ha sido planteada. En los últimos años hemos tenido varias consultas populares incluyendo las elecciones que son otra forma de participación directa para conformar los poderes públicos mediante sufragio. Entre ellas tenemos el referéndum que dio su aprobación a la Carta Magna promulgada el 7 de febrero de 2009.

Esta Constitución, empero, corre ahora el riesgo de ser reformada en desmedro de la democracia, bajo cánones contrarios a las prácticas democráticas y republicanas. Hablamos de riesgo porque la reforma que se plantea para modificar el artículo 168 de la Constitución implica, por una parte, alterar el principio básico de alternabilidad en el ejercicio del poder y, por otra, apartarse de los postulados  que proclaman la propia Constitución y la Carta Democrática Interamericana (2001). Cuando el Art. 410.II define la Constitución como la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, le otorga una incuestionable jerarquía normativa que la sitúa encima de cualquier ley ordinaria a fin de que su vigencia sea firme y duradera y no esté expuesta a los avatares de caprichos reformistas para beneficiar a partidos o personas.

Los instrumentos internacionales, en los que Bolivia es signatario, aprobados por los Estados americanos, comprometen a estos a tomar medidas que garanticen la “promoción y defensa de la democracia representativa” a la vez que condenan una “interrupción abrupta e irregular del proceso politico institucional democrático”. Y no hay que pensar mucho para ver que la reforma del art. 168 de nuestra Constitución en los términos que ha sido propuesta para favorecer una reelección, caería dentro de esta previsión normativa de la Carta Democrática Interamericana y, además, sería ajena a la fórmula principista y obligatoria enunciada por el Artículo 1 de dicha Carta: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, un principio expresado con claridad y contundencia de modo que no merece mayor comentario.

Con este pensamiento expuesto queremos mostrar una preocupación que inquieta al pueblo y a la ciudadanía porque tiene que ver con una de las bases constitucionales de la democracia: la alternabilidad en el ejercicio del poder. En realidad, es el ciudadano y, en última instancia, el pueblo que diariamente tienen que responderse a la pregunta de si prefieren el continuismo o la alternabilidad democrática. Por supuesto que la respuesta es obvia.

 

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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