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Editorial
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Nuestro estado
Domingo,  31 de Mayo, 2015

La fuga y recaptura del peruano Martín Belaúnde  Lossio nos hace pensar en la calidad del Estado que tenemos, tomando en cuenta aspectos como  la institucionalidad, ética política, eficiencia e incluso capacidad represiva, tema que parece fuera  de discusión, pero que también ha demostrado grandes flaquezas.

Los policías que custodiaban al millonario exasesor del presidente peruano Ollanta Humala recibían siete bolivianos diarios para pagar su transporte y alimentación. La cifra parece irrisoria, pero es el doble de lo que cualquier guardia raso percibía de viáticos hace un año. El monto fue duplicado hace poco gracias a la impresionante bonanza económica que hemos estado viviendo, pero no deja de ser vergonzosa, de ahí que la primera hipótesis que surgió sobre la huida de Belaúnde fue el soborno, pues el arrestado les pagaba 200 bolivianos por día a sus vigilantes.

Esta miserable situación de nuestra Policía que parece fuerte solo cuando persigue y reprime a los enemigos del Gobierno (que no incluye por supuesto a los criminales y delincuentes), ha quedado al descubierto junto con su pobreza de valores éticos y profesionales que llevaron al presidente a emitir una queja pública y la promesa de reestructuración que está pendiente desde hace décadas. Pero las palabras del exministro Hugo Moldiz dieron la impresión de que fue víctima de una suerte de mafia cuando aseguró que la Policía lo había tumbado.

Pero mucho más ilustrativa de la precariedad de nuestro Estado fue la declaración del presidente Morales, quien dejó entrever públicamente su desconfianza de los altos mandos policiales del país y afirmó que había oficiales que sabían dónde estaba Belaúnde. Algunos críticos de esta situación creen que todo eso se confirmó cuando ciertas autoridades afirmaban con plena certeza de que el prófugo no había salido del país y la recaptura más que un causar un efecto mediático, despierta aún más dudas.

Por último, el hecho de que el Presidente entregue personalmente al reo en la frontera con Perú, lo pone a la altura de un custodio que desconfía de la estructura estatal que conduce y que trata de recuperar de la manera más patética la imagen de un país que ha puesto en tela de juicio la fe del Estado en un caso tan delicado por sus implicancias internacionales.

Todo esto es el resultado no solo de la ausencia de una estructura institucional consolidada, sino de la carencia de políticas públicas en todos los ámbitos y en este caso, en la seguridad y la justicia. Desde que llegó Belaúnde Lossio al territorio nacional en diciembre, el Estado boliviano, sus autoridades e instituciones, se sumergieron en un mar de contradicciones,  devaneos y falta de solidez, sumados a las interferencias en la justicia, las declaraciones subidas de tono y fuera de lugar de altos líderes nacionales que enturbiaron un tema de derecho internacional que debió ser tratado con alto rigor jurídico y diplomático para evitar tanto roce, críticas y vergüenza para nuestro país.

Que el Presidente entregue personalmente al reo en la frontera con Perú, lo pone a la altura de un custodio que desconfía de la estructura estatal que conduce y que trata de recuperar de la manera más patética la imagen de un país que ha puesto en tela de juicio la fe del Estado en un caso tal delicado por sus implicancias internacionales.

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