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Editorial
Persecución vigente
Sábado,  17  de Enero, 2015

S igue vigente en el país la persecución política, aunque de manera más sutil pero no menos efectiva. En el pasado, el régimen persiguió a sus enemigos a través de figuras como el desacato y un artículo especial de la Ley Marco de Autonomías, que fueron declaradas inconstitucionales, pero también usó métodos como el caso Rózsa, la represión, el encarcelamiento y la violación de los derechos humanos.

El objetivo de los gobernantes actuales sigue siendo el mismo, la perpetuidad y en consecuencia continúa en marcha el aparato institucional, que actúa en varios frentes. En el caso del juicio a los magistrados del Tribunal Constitucional fue el Congreso, que violó la carta magna y los preceptos más elementales del derecho para deshacerse de elementos que se volvieron incómodos porque justamente se habían manifestado en defensa de la racionalidad y el estado de derecho.

En las elecciones del 12 de octubre el Tribunal Electoral dio sobradas muestras de su funcionalidad hacia los propósitos políticos hegemónicos y en aras de ampliar las ventajas del oficialismo, acaba de darle una estocada a la democracia con la inhabilitación de casi la mitad de los candidatos para las elecciones municipales y departamentales del 29 de marzo.

El partido en funciones ha tenido serios problemas para designar a sus propios postulantes a los próximos comicios, ya sea por pugnas internas o porque carece de figuras medianamente decentes en muchos lugares. El caudillismo acentuado, la política de prohibir a los librepensantes, la corrupción y los apetitos personales de algunos dirigentes han dejado mal parado al MAS y algunos consideran que la figura de Evo Morales –que se quejó del exceso de democracia interna-, no alcanzará para consolidar el copamiento que pretende el oficialismo en alcaldías y gobernaciones.

En ese contexto, el Tribunal Electoral surgió con la Circular 071, que automáticamente saca de carrera a decenas de parlamentarios que habían dejado sus curules para anotarse como candidatos a concejales municipales y asambleístas departamentales. Sumados a los que han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos, en total fueron “ponchados” más de 6.800.

Pese a que la norma es válida para todos, estuvo muy bien pensada para deshacerse de varios líderes disidentes, como la exdiputada Rebeca Delgado, que había generado muy buenas expectativas entre los electores, un tanto por mérito propio y también por la ausencia de alternativas en las filas oficialistas.

Este artilugio, absolutamente inconstitucional y que según exautoridades electorales deben ser desobedecido porque carece de fuerza legal, parece ser parte de una guerra preventiva, destinada a tachar y mandar a la muerte civil a todo el que pretenda hacerle frente a la hegemonía política. Es la manera de ir conformando un pensamiento único, una visión unipolar del país que se alimenta de la persecución de las voces y miradas disidentes. Ya no se usa la fuerza, ya no se apela al derrocamiento de las autoridades electas, sino que se las inhabilita antes de su postulación, como sucede también con el anunciado juicio a las exautoridades que tuvieron protagonismo en los procesos de privatización y capitalización.

La dichosa Circular es inconstitucional y parece ser parte de una guerra preventiva, destinada a tachar y mandar a la muerte civil a todo el que pretenda hacerle frente a la hegemonía política. Es la manera de ir conformando un pensamiento único, una visión unipolar del país que se alimenta de la persecución de las voces y miradas disidentes. Ya no se usa la fuerza, ya no se apela al derrocamiento de las autoridades electas, sino que se las inhabilita antes de su postulación, como sucede también con el anunciado juicio a las exautoridades que tuvieron protagonismo en los procesos de privatización y capitalización.

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