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Editorial
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Ultimátum a tomatierras
Sábado,  23 de Agosto, 2014

En los últimos días los ministerios de Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural, Autoridad de Tierras y Bosques, Senasag, el Inra y otras instituciones han suscrito importantes acuerdos con el agro cruceño respecto a la seguridad jurídica y aspectos productivos y sanitarios. Tan auspicioso pacto ha señalado también, como botón de muestra, un llamativo ultimátum a los avasalladores de siete predios productivos para que desalojen las propiedades agropecuarias en un plazo perentorio que vence hoy. Sin duda, todo indica que se están dando los pasos precisos para que se observe la ley como corresponde. Una señal definitiva de estas intenciones sería aprehender a los cabecillas.

Si se analiza con serenidad, de nada sirve que los avasalladores abandonen los predios que han saqueado y destruido sin pagar por tales atropellos. La comisión de varios delitos contra la propiedad hacen de los líderes de los tomatierras y sus seguidores, unos vulgares delincuentes sobre los que tiene que caer todo el peso de la ley y la justicia. Los representantes del agro cruceño han insistido en este crucial punto a las autoridades gubernamentales exponiendo los argumentos, asistiéndoles toda la razón. Ahora bien, si el Ministerio de Gobierno actúa con mano suave contra los tomatierras, habrá que pensar que los acuerdos son una burla al agro, o quizás simple movimiento proselitista.
 
Resulta sensato coincidir en esta ocasión, que se trata de sentar un auténtico precedente en defensa de la propiedad privada para que los productores agropecuarios comiencen a confiar en las autoridades gubernamentales. Ya es hora que termine la larga serie de asaltos, avasallamientos, abigeatos, ocupación de haciendas productivas privadas con saqueo de ganado y equipos, construcción ilegal de viviendas, siembra de productos oportunistas en terrenos con dueño. Estas han sido las muestras más palpables de la indefensión del agro, con el agregado que los abusos se han dado en este Gobierno, en un contexto de supuesto respeto por la ley y apoyo de las autoridades a los productores.
 
En otras palabras, si bien se estima prudente la medida que el Gobierno haya fijado un plazo para que los tomatierras desalojen voluntariamente y en paz los predios ocupados, conviene que este proceder se ajuste a la imperiosa necesidad de frenar de una buena vez por todas los reiterados avasallamientos de la propiedad privada productiva en Santa Cruz y el país. Para ello, se hace preciso proceder con la fuerza de la ley, aprehendiendo a quienes son los causantes de tanto perjuicio económico al sector productivo. Sin duda, el Gobierno está ante la inmejorable oportunidad de demostrar al sector agropecuario que es capaz de cumplir su palabra y perfilar nuevos y seguros escenarios económicos.
 
Aprovechar esta oportunidad implica no solo cumplir con creces los acuerdos suscritos con el agro, sino también ejercer el principio de autoridad ante quienes se han creído grotescamente impunes para cometer un sinfín de delitos y transgresiones. Significa asimismo, que a partir de ahora no se actúa con afán electoralista sino más bien trascendiendo esas fronteras. En realidad se trata de un verdadero ultimátum a un oscuro  sector delictivo que le ha visto las canillas al Gobierno y que merece duras penas para su escarmiento. Si se cumple con lo dicho, se habrá inaugurado una nueva era en las relaciones Gobierno-productores agropecuarios, donde por fin se ve luz al final del túnel.

Se hace preciso imponer la fuerza de la ley, aprehendiendo a los causantes de tanto perjuicio al sector productivo. El Gobierno está ante la inmejorable oportunidad de demostrar que cumple con su palabra y perfila escenarios económicos seguros.

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