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Martes
 19 de Noviembre de 2019
Editorial
Abogados y representantes de sectores sociales lamentan la desinstitucionalización del estado como sometimiento del poder
Aplazan rol fiscalizador a instituciones públicas
El MAS niega la dependencia de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y la Justicia con el Ejecutivo.
Domingo,  6 de Abril, 2014
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Ref. Fotografia: El exinvestigador del caso Rózsa, Marcelo Soza, pasó de héroe a villano por los funcionarios de gobierno, al afirmar en una carta que las pruebas fueron montadas.

Ante una serie de hechos que se han dejado pasar en la administración del Estado, abogados, representantes de sectores y la oposición aplazan el rol fiscalizador de las instituciones públicas.

Toman como ejemplo lo sucedido con el programa Evo Cumple, Bolivia Cambia, el caso BoA, la fuga de Marcelo Soza, el caso Rózsa, donde observan la falta del verdadero rol fiscalizador.

Las instituciones en el ojo de la tormenta son el Ministerio Público, la Contraloría General, la Procuraduría y el Poder Judicial.

Hay injerencia.
El presidente departamental del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, remarcó que hay un evidente control e injerencia institucional por el poder gubernamental. "Hace 20 años se planteó que para que la elección de los órganos de fiscalización del Estado, sean elegidos por dos tercios en el Parlamento para evitar la partidización", comentó. Sin embargo, desde hace más de ocho años, desde que asumió el poder el Movimiento Al Socialismo (MAS), estos procesos de selección se caracterizó por designaciones interinas y con alto contenido político.  Es así que Bolivia tiene de interinos al Contralor General, el Procurador y tribunales elegidos por los dos tercios que ahora lo conforma el partido de Gobierno, carente de algún equilibrio político.

Son juez y parte. Según el decano de la carrera de Derecho de la Udabol, Fernando Cuéllar, comentó que las autoridades fiscalizadoras del Estado son juez  y parte, ya que son activos militantes del partido de gobierno.

Indicó que las instancias de fiscalización al Estado no están cumpliendo las funciones por la cual han sido creadas constitucionalmente. Dijo que desde el momento de la designación del contralor general, Gabriel Herbas, como miembro activo del MAS, perdió la razón de ser de esta institución estatal fiscalizadora a los funcionarios públicos.

El también extitular del Colegio de Abogados, aseveró que lo mismo pasa con el Ministerio de Transparencia que no funciona y una Fiscalía al servicio del  Poder Ejecutivo, para perseguir a los adversarios políticos.

Mucho gobierno y poco estado. Según el exfiscal de Distrito de Santa Cruz, William Herrera, lo que pasa en Bolivia, es que hay mucho Gobierno y poco Estado. "Por un lado, está la fuerza gubernamental para reprimir a los opositores, pero débil cuando sale en defensa de la población en su conjunto", afirmó.

Tomó como ejemplo lo sucedido con el conflicto minero, que pararon y retrocedió la administración del presidente Evo Morales, pero menos fuerte es el Estado cuando los ropavejeros, contrabandistas y cocaleros salen en manifestaciones y terminan imponiendo su voluntad. Herrera mencionó que estas situaciones develan la debilidad del Estado y se muestra en las fronteras del país o en la cárcel de Palmasola.

Institucionalidad podrida. Para la senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, la institucionalidad boliviana está podrida. Dijo que el Gobierno se encargó de llevar al extremo, el sometimiento a los fiscalizadores públicos con el interés de controlar los poderes del Estado.   Gonzales presentó el miércoles pasado, un audio con imágenes de diapositivas, una reunión entre el fiscal general Ramiro Guerrero y tres de sus subalternos, donde supuestamente, orquestó una manipulación al juicio del caso Rózsa.

El MAS rechaza acusaciones.
Por su parte, el diputado masista Saúl Garabito, rechazó las acusaciones de injerencia del ejecutivo a la instituciones del Estado.

El oficialista dijo que tanto el Ministerio Público, la Contraloría, la Procuraduría, son autónomos en su actuación. Comentó que la población tiene derecho a denunciar ante las instancias correspondientes a una autoridad que haya cometido algún hecho irregular y el Gobierno no los encubrirá, "pero no haciendo show político".

Se campea la impunidad. El vicepresidente de los Comités Cívicos Provinciales, Samuel Cruz, dijo que con la falta de institucionalidad se campea la impunidad y la corrupción en Bolivia.  Situación que no les interesa corregir al partido de Gobierno, porque están manejadas por gente afín al masismo. Indicó que la evidencia se observa en la impunidad con los casos de la represión de Chaparina, la matanza en el hotel Las Américas y la fuga de Soza, entre otros.

La llave está en las elecciones. Mientras que el vocero de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Fernando Rosso, dijo que la llave para  comenzar a recuperar la institucionalidad son las próximas elecciones nacionales.

"Ocurre algo inaudito, ellos mismos se quieren fiscalizar, ya que las autoridades son parte del mismo Gobierno". Puntualizó que similar situación pasa con los mecanismos de control social en los municipios, donde los integrantes son acólitos de los que están en función de gobierno.

Punto de vista

"Septicemia gubernamental"

José Luis Santistevan
Constitucionalista


'La ruptura de la institucionalidad que atraviesa el Estado tiene una explicación lógica: Un hecho fundamental en la vida del país, que marcó un antes y un después 2008-2009, fue el referéndum revocatorio, constituido en el impulso que necesitaba el Gobierno actual para ejecutar un proceso que hoy solo tiene una salida: Reestructurar las instituciones medulares del Estado Plurinacional. La nueva Constitución Política del Estado otorgó la posibilidad de construir un Estado institucionalizado con independencia de poderes para materializar una gestión transparente y eficiente. Todo lo contrario ha ocurrido.  La construcción de una estructura jurídica que posibilita el abuso de poder y la corrupción: La Ley Marcelo Quiroga, colocó al Ministerio de Transparencia por encima de instituciones contraloras de la institucionalidad, como ser la contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y el sistema judicial.  La Ley Marco de Autonomías, no solo destruyó la institucionalidad, llegó hasta la fiscalía y el órgano judicial, que se constituyeron en el brazo operador de una serie de extorsiones.

CPE
Funciones de las instituciones de control público

Cpe. Contraloría general del estado.   Artículo 213. I. Es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico.

La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.

Ministerio Público. Artículo 225. I. Defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública.  Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

II. Ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.

Procuraduría general del estado. Artículo 229. Es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley.

Tribunal Supremo De Justicia (TSJ). Artículo 181. Es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley.