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Editorial
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Un paso adelante
Lunes,  23 de Septiembre, 2013

El registro obligatorio de armas por parte de civiles, militares y policías a lo largo y ancho del país está previsto en la recientemente promulgada Ley de Armas. La primera impresión de la ciudadanía y la opinión pública es que tal normativa legal debe calificarse de oportuna y estrictamente necesaria, puesto que no sólo llena un lamentable vacío legal en el marco jurídico del país, sino que sus alcances previenen y sancionan el tráfico de armas, la tenencia ilegal y su uso discrecional. Además, por primera vez, se lanza una medida legal que pone límites precisos al uso de armas de reglamento por parte de militares y policías, especialmente cuando no estén de servicio.
 
De manera adicional, la Ley de Armas prevé una etapa ulterior: el desarme voluntario de la población. De acuerdo a su articulado, la normativa apunta a preservar y garantizar la vida de los bolivianos, mejorando las condiciones de seguridad de la población. De hecho, se supone que si esta ley reglamenta la tenencia de armas, ejerciendo al mismo tiempo un control sobre su uso, se garantiza en gran parte la convivencia pacífica y se logran condiciones aptas para reducir los alarmantes índices de violencia que sacuden al país. Asimismo, permite disminuir el tráfico de armas afectando su crónica impunidad. Sin duda, en las actuales circunstancias, la Ley de Armas le hacía mucha falta al país.
 
En otras palabras, la sola intención de poner freno a la tenencia ilegal de armas resulta un avance, especialmente si se considera que, ante el vacío legal, la delincuencia había encontrado un vasto arsenal a su libre disposición para fortalecer sus actividades. Conviene recordar que esta lamentable situación ponía y pone en riesgo la seguridad ciudadana y atenta contra la paz social. La carencia de una reglamentación sobre la tenencia y el uso de armas por civiles y uniformados ha dado lugar a abusos con resultados trágicos. Además, el uso indebido de armas de reglamento por militares y policías fuera de las horas de servicio se cubría con un manto de impunidad intolerable.
 
La normativa sobre armas señala sanciones para los transgresores de esta ley. Estas sanciones son más severas si se comprueba tráfico y comercio ilegal de armas, robo de dependencias militares o policiales. Regula el ingreso y tenencia de armas por parte del personal de seguridad de delegaciones diplomáticas, lo que ya es algo novedoso, porque también señala la necesidad de solicitar la respectiva autorización de los organismos pertinentes nacionales. Además, incide en prohibir la fabricación y venta de armas no convencionales, como químicas o biológicas, y castiga el comercio ilegal de explosivos y municiones. Es decir, la Ley de Armas se coloca a la altura de los tiempos que corren.
 
También norma el uso de explosivos. De esta manera, pone al margen de la ley a quienes utilicen dinamita y otros explosivos en manifestaciones sociales de protesta, por la situación de riesgo de daño o muerte de personas. En este contexto, la normativa impresiona como una formidable propuesta. La sola intención de frenar el tráfico y venta ilícita de armas, además de la tenencia y el uso de las mismas merece la mayor consideración. El propio desarme voluntario sugiere una auténtica toma de conciencia de la gente. Sin embargo, a pesar de constituir un paso adelante, hace falta ver la Ley de Armas en el terreno práctico, para recién valorar su utilidad en su verdadera dimensión.

El propio desarme voluntario sugiere una auténtica toma de conciencia de la gente. Sin embargo, a pesar de ser un paso adelante, hace falta ver la Ley de Armas en el terreno práctico, para recién valorar su utilidad en su verdadera dimensión.

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