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Editorial
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Desequilibrio peligroso
Viernes,  16  de Noviembre, 2012

Ser informal en Bolivia se vuelve cada vez una mayor ventaja, mientras que la legalidad y la formalidad son cada día más castigados por un Estado que no comprende que a este ritmo está contribuyendo a su desaparición, al caos y la desagregación, cuando en realidad, la consolidación estatal era el principal desafío del proceso de cambio que por primera vez tiene las herramientas políticas y económicas para hacerlo.

El Gobierno acaba de aprobar un nuevo impuesto a la producción de caña y alcohol, medida que se suma a más de dos años de acoso contra la industria azucarera, sometida a prohibiciones y cupos que la han debilitado. Se acaba de promulgar la Ley de la Madre Tierra que suma fuertes restricciones a la producción agropecuaria. El régimen está preparando un decreto para confiscarle una parte de los aportes jubilatorios a los trabajadores, para dárselos a los que no aportan. Se ha anunciado igualmente la reducción de un 30 por ciento en el crédito fiscal por la compra de combustible, una medida paliativa del subsidio de los carburantes, pero que tendrá su mayor impacto en las empresas y en la población y no así en los transportistas, por ejemplo, que pertenecen a un régimen tributario pensado para minoristas.

A todo esto se le debe sumar la desprotección en la que están sumidos los empresarios, que deben padecer avasallamientos, inseguridad jurídica y acoso de la burocracia corrupta que ha tomado el poder. Tanto peso sobre un solo sector de la economía no hará más que convencer a todos que lo mejor es la informalidad y en algunos casos la ilegalidad, lo que sería nefasto para el país.

El Estado boliviano se sustenta con el aporte de no más del 30 por ciento de la economía formal que paga impuestos, que genera empleos dignos, que contribuye a la seguridad social y con ese dinero tiene que construir hospitales, escuelas, carreteras para el 100 por ciento de la población que bloquea, hace huelgas y lanza dinamita para que atiendan sus demandas, pese a que su contribución es escasa o a veces nula, pero siempre muy desproporcionada con el nivel adquisitivo, muy bien disimulado en este país donde rinde excelentes dividendos aparentar pobreza.

Mientras que para las empresas legalmente constituidas cada vez hay más control, auditorías, impuestos, multas y persecución de parte de las autoridades fiscalizadoras, para el grueso de la población, teóricamente pobre y desprotegida, la situación se vuelve cada día más holgada. Nos estamos refiriendo lógicamente a transportistas, gremiales, cooperativistas y otros sectores de la economía que esconden grandes fortunas detrás del régimen simplificado, mientras que un pequeño comercio instalado legalmente tiene que afrontar una serie de obligaciones, de lo contrario corre el riesgo de ser clausurado. Todo por no pertenecer a uno de los sindicatos o movimientos sociales que siempre tienen la cintura para sacarle ventajas a los regímenes políticos.

A ninguno de los que maneja la economía nacional se le ocurre pensar en incrementar la producción, en ampliar el universo de contribuyentes, en capacitar recursos humanos para mejorar el empleo, generar más empresas, ofrecer mejores condiciones para la inversión, en lugar de fabricar todo tipo de trabas, que aíslan, sofocan y tienden a ahogar a la economía, pese a que está atravesando por un periodo de bonanza de precios que debería ser mejor aprovechada.

El Estado boliviano se sustenta con el aporte de no más del 30 por ciento de la economía formal que paga impuestos, que genera empleos dignos, que contribuye a la seguridad social y con ese dinero tiene que construir hospitales, escuelas, carreteras para el 100 por ciento de la población que bloquea, hace huelgas y lanza dinamita para que atiendan sus demandas, pese a que su contribución es escasa o a veces nula.

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