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Las respuestas de Susana
La indefensión jurídica
Susana Seleme - Analista política
Domingo,  22  de Diciembre, 2013

Pese a todas las evidencias de la manipulación de la justicia, el Gobierno se queja del Órgano Judicial. García Linera dice que es "una lágrima" ¿qué opina?

En su mejor talante de impostura y cinismo, el vicepresidente se queja sin razón, porque el Poder Judicial está totalmente subordinado al poder político, siendo uno de los artífices de esa práctica. A tal punto, que la administración de justicia depende de los intereses políticos del proyecto de poder del jefe del régimen, Evo Morales, del propio Vice y otros allegados al círculo más duro de ese poder. De ahí la indefensión jurídica de toda la sociedad boliviana frente a las “guillotinas judiciales” o los procesos inventados que imponen a los políticos de oposición. Los ejemplos abruman: Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, está preso hace 5 años sin haber cometido los delitos de los que lo acusan, sin juicio y sin sentencia. Ese “golpe de Estado” a la democracia, fue el primer eslabón del desmantelamiento del proyecto de las autonomías. Y lo prueba el complot contra Santa Cruz y su dirigencia cívico- política, que arranca con el asalto al hotel Las Américas, con los tres extranjeros asesinados en ese operativo y el tortuoso  juicio por terrorismo-separatismo  contra 39 ciudadanos de Pando, Beni y Santa Cruz. De ellos, algunos están  presos hace 4 años y el resto en el exilio a falta de garantías para probar su inocencia en un juicio justo como correspondería a un  Estado de Derecho, hoy ausente en Bolivia.

¿Puede dar otros ejemplos?
Las pruebas suman y siguen: hay  más de una veintena de alcaldes de la oposición electos por voto popular, a los que defenestraron con argucias leguleyas, para  hacerse de esas plazas políticas. La brutal represión a los indígenas del Oriente en Chaparina, durante su VIII marcha en 2011, es otro caso de administración de in-justicia impune, cuyo principal responsable, siguiendo la cadena de mando,  es el exministro de Gobierno, Sacha Llorentty, hoy embajador en Naciones Unidas. Mataron a José María Bakovic de un infarto, llevándolo a La Paz a uno de los innumerables juicios que le inventaron;  como murió por ausencia de asistencia  médica en la cárcel de San Pedro, Guillermo Fortún, entre otros casos. ¿De qué se queja el Vice, si la retardación de justicia, a la que el aludió con la metáfora de que es  “una lágrima” responde  a una cuestión que hace a la falta de ética profesional de los funcionarios del régimen,  a los malos salarios y a la pesada estructura burocrática que termina en la ilegalidad de mafias que extorsionan impunemente.

¿Qué lectura tiene de la fuga de Jacob Ostreicher?
Precisamente, él fue víctima de una banda de extorsionadores. La pregunta es si fugó, o salió con la anuencia del régimen o si lo raptó la agencia de inteligencia de Israel, Mossad. Como en el caso del senador Róger Pinto, que se cruzó todo el país desde La Paz hasta la frontera con Brasil en Santa Cruz, en el caso de Ostreicher hay por lo menos varios  gatos encerrados. En todo caso, el gobierno miró a un costado y el resto lo hizo un funcionario diplomático con Pinto, y con Ostreicher bien pudo hacerlo la comunidad judía neoyorquina o agentes del Mosaad.  Lo real es que gracias a Ostreicher se hizo público lo que era un secreto a voces: la mafia de  extorsionadores que dejan a la sociedad en total indefensión  jurídica, política, social  y económica. Esa indefensión está amparada por un andamiaje de ilegalidad, informalidad y corrupción institucionalizada desde los más altos niveles del régimen electorero, continuista y demagogo que ha prostituido la justicia, la democracia y la política en Bolivia.

Recuperar y restituir la práctica honesta y cabal de esos valores,  es una responsabilidad de la oposición política democrática y de la sociedad civil, denunciado sin tregua a los impostores y corruptos que hoy des-gobiernan Bolivia. Como lo hace el expresidente Jorge ‘Tuto’ Ramírez, que se libró de la cárcel, pero está sujeto a detención domiciliaria, por unos ‘petrocontratos’ que el no firmó.
 

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Susana Seleme
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