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Editorial
Expansión de la frontera agrícola
Lunes,  13 de Mayo, 2013

Ha causado beneplácito en el sector productivo agrícola nacional la reciente entrega, por parte del Gobierno, del decreto reglamentario de la Ley de Apoyo a la Producción y Restitución de Bosques. En los hechos, esta norma regula la ampliación de la frontera agrícola, al mismo tiempo que pretende dar seguridad y estabilidad jurídica al pequeño y mediano agricultor, facilitando las condiciones que le permitan producir más. De manera adicional, y no por ello menos importante, la norma en cuestión retira las restricciones a los propietarios agrícolas imposibilitados de reanudar actividades por haber realizado desmontes sin autorización. Ahora, deben ponerse al día y producir.

Esto es, que deben acogerse de buenas maneras al programa de producción de alimentos y, conforme a un plazo perentorio, restituir los bosques desforestados hace poco más de cinco años. La sola autorización gubernamental para reanudar actividades por parte del sector agrícola debe saludarse como corresponde, puesto que la inacción prolongada por efecto de las sanciones está causando un perjuicio general. Si se mira bien, se ha hecho uso del sentido común, de modo que los infractores reparen sus daños y, de paso, recobren el tiempo perdido, pero esta vez con el apoyo y la guía gubernamental. La producción de alimentos y la reforestación intensiva son razones para la expectativa.
 
En los hechos, la ampliación de la frontera agrícola significa la habilitación de cerca de cuatro millones cien mil hectáreas adicionales a la actual extensión disponible, de tres millones y medio de hectáreas, lo que viene a constituir en un notable apuntalamiento a la producción de alimentos dentro de las expectativas para la seguridad alimentaria del país.  Este incremento de la frontera agrícola beneficia ampliamente a Santa Cruz, puesto que se erige en el departamento con mayor cantidad de superficie cultivable. Lo destacable es que se benefician pequeños y medianos productores, puesto que podrán trabajar con quince hectáreas cultivables en vez de las cinco que actualmente disponen.
 
El compromiso de reforestar las áreas desmontadas sin autorización es francamente alentador, en la perspectiva de recuperar la vocación forestal de las tierras y aliviar, al menos en parte, los daños ecológicos provocados por tal irresponsabilidad con el medio ambiente. La sostenibilidad de la gestión de los recursos naturales se impone como una obligación para todos. Por ello, es de esperar que los productores que se han beneficiado con mayor cantidad de tierras para cultivar sepan responder al compromiso de respetar sus propios límites y, también, asumir la obligación de la reforestación. En una primera lectura, el reglamento de marras se perfila como un reto, cuyo impacto está por verse.
 
Conviene advertir que el desafío que debe encarar el Gobierno no se reduce tan solo a redoblar esfuerzos para que la ley se cumpla como señalan sus articulados, sino que lo fuerza a ser efectivo en sus promesas de apoyo al productor. Por otra parte, la gestión, control, monitoreo y evaluación de los programas de producción de alimentos y reforestación precisan, sin duda alguna, de esfuerzos mancomunados, coherentes y sostenibles en el tiempo. De tal modo, la ampliación de la frontera agrícola con saneamiento de territorios es una buena noticia para el país en su conjunto, pero su implementación depende de la visión de futuro de los compromisarios y el Gobierno.

La ampliación de la frontera agrícola con saneamiento de territorios es una buena noticia para el país en su conjunto, pero su implementación depende de la visión de futuro de los compromisarios y el Gobierno.

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