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Editorial
El país de los experimentos
Martes,  22 de Marzo, 2011

El peor error que cometió el Gobierno de Evo Morales fue pensar que a partir del histórico triunfo electoral de 2005, estaba comenzando la historia de Bolivia. Desde esa fecha han tratado de reinventar el modo de gobernar el país, sobre la base de una mezcolanza ideológica que ha parido una serie de experimentos que no han producido más que fracasos.

Uno de esos experimentos es el denominado control social, o mejor dicho, lo que el MAS ha querido entender por este concepto, ya que no se trata de algo nuevo en la administración estatal. En ese sentido y con fines netamente electoralistas, además de la búsqueda de consolidar la hegemonía política en el país, el régimen gobernante empoderó a sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de indígenas para que adopten una serie de responsabilidades y atribuciones que deberían ser competencia de instituciones dotadas de mecanismos legales, instrumentos procedimentales y sistemas de fiscalización propios de estados bien organizados.

De esa manera se les otorgó a dichas organizaciones la potestad para administrar justicia, intervenir en asuntos delicados como el control del contrabando, la lucha contra el narcotráfico y la ejecución de proyectos productivos supuestamente estratégicos. La parafernalia ideológica oficialista colocó a los movimientos sociales en el sitial de grandes baluartes de la virtud y la honestidad y como los portadores de los genuinos intereses de las grandes mayorías excluidas. Producto de esa descomunal enajenación de la administración pública es que a nombre de la justicia comunitaria, las áreas rurales se han convertido en zonas abiertas al linchamiento; se han erigido verdaderos protectorados comunitarios del contrabando y el narcotráfico y obviamente, los proyectos productivos nacionalizados o creados por el Estado Plurinacional y que cayeron en manos de la “supervisión” comunitaria, se han convertido en un fiasco descomunal que ocasiona pérdidas millonarias al erario nacional. El presidente Morales ha sido justamente uno de los principales impulsores de esa piñata administrativa a través del programa “Evo cumple”, que ha repartido cientos de millones de dólares a organizaciones sociales que no tienen la capacidad de diseñar proyectos y menos de ejecutarlos y hacerles el respectivo seguimiento y fiscalización.

Cómo es posible que se ponga a los cocaleros del Chapare a ejecutar el control social de la política antidrogas o de los planes de erradicación de cultivos ilegales. Ni siquiera los ayllus del norte de Potosí fueron capaces de soportar los embates de mafias desbordadas que los convirtieron en sus cómplices. De esa forma han reclutado a decenas de lo que hoy son “narcocomunidades” en los valles de Cochabamba y otras regiones.

La Policía, que actúa como otro movimiento social al servicio de los intereses partidarios del Gobierno, también ha caído en el mismo oscurantismo y ahora el presidente Morales conmina a su comandante a hacer una limpieza total en un plazo de tres meses, cosa que no va a suceder porque el Estado no tiene la capacidad de imponer políticas institucionales en medio del caos que él mismo ha creado. El último experimento se llama Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas  (Ademaf), organismo al que pretenden dotar  mediante una ley de múltiples competencias y la capacidad para pasar por encima de la Aduana, la Policía, las fuerzas antidrogas y hasta de YPFB. ¿Qué clase de adefesio administrativo es ése?

Producto de la descomunal enajenación de la administración pública es que a nombre de justicia comunitaria, las áreas rurales se han convertido en zonas de linchamiento.

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