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La buena fe
¿Es o no es Verdad?
Miércoles,  15 de Septiembre, 2010

No voy a tratar de la fe religiosa que merecería mayor espacio y sosiego. Trataré de un valor humano al alcance de cualquier persona bien nacida y rectamente intencionada. En la vida corriente, la buena fe es condición indispensable para que una persona sea creída. Sin la buena fe por delante sería imposible una convivencia social pacífica. Siendo esto así en el ámbito social, debería trascender también al ámbito jurídico. Tanto más cuanto que el principio universal de la presunción de inocencia no es otra cosa que la presunción de la buena fe en el prójimo. No sé qué me objetarán los leguleyos que suelen estar más apegados a la letra muerta de la ley que al espíritu vivo que la inspiró. No sé qué pensarán sobre mi proposición, pero ahí va.
La buena fe es el fundamento de los contratos. Nadie cometería la imprudencia de suscribir un contrato, sabiendo que anda de por medio la mala fe. En una sociedad ideal, para la formalización de un contrato, bastaría la palabra dada. Por eso se dice “honrar la palabra”, lo que significa que se da por válido y bueno lo convenido entre partes y eso bastaría para dar valor a un contrato. Pero la malicia de la gente - que nunca falta - obligó que la voluntad de las partes tuviera que formalizarse con tinta sobre papel y mejor si fuera en papel sellado, y firma de testigos, abogado y notario.
Hecha esta explicación general, vengo a lo concreto del proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, cuyo propósito indisimulado es intimidar y sojuzgar el sector periodístico. El citado proyecto de Ley prevé la imposición de sanciones penales así como la clausura del medio. Ese proyecto está pensado con mala fe; es decir, con el fin de crear unas condiciones legales para que un medio de comunicación social o un periodista que trasmita una información o un comentario que ponga en duda la preeminencia del indigenismo en la sociedad boliviana, podrá ser juzgado y condenado a penas judiciales. O dicho de otra forma, se pretende suprimir la libertad de expresión en materia indigenista. Me pregunto ¿Si un ciudadano cualquiera habla o escribe contra los vicios que abundan entre la población mestiza, debería ser condenado por algún tribunal ordinario? ¿Y por ello, un periodista inadvertido podría ser llevado a la cárcel?   ¿Acaso el sector mestizo de la población goza de un especial privilegio que lo protege – como grupo racial – de cualquier ofensa colectiva?
Entonces, el propósito del citado proyecto de Ley Contra el Racismo no está inspirado en la buena fe legislativa sino en la mala fe que tiende a criminalizar la información dando forma legal, a la orden del “corre que te pillo” que  usábamos de chicos cuando perseguíamos a otro. A ver si las autoridades de gobierno, hipersensibles a la crítica independiente, pillan a unos medios de comunicación o periodistas que cometen el error de mantener opiniones personales sobre la preeminencia del complejo mundo de las etnias, sobre los demás grupos raciales. Aquí la buena fe de los legisladores brilla por su ausencia. El otro lado oscuro de esa ley es dejar el campo de la información y el comentario en manos de los periodistas adictos al Gobierno.

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Jose--Gramunt-de-Moragas-
Jose Gramunt de Moragas
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