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Abogados observan ausencia de reglamentos
La justicia indígena se frena por vacío legal
Procedimientos. Adolfo Chávez acusa al Gobierno de impedir que se aplique la norma. Juristas consideran que existe falta de voluntad en las autoridades.
Domingo,  28  de Diciembre, 2014
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Ref. Fotografia: Presión. La justicia indígena no se aplica en el país pese a haber sido promulgada hace cuatro años.

Un vacío legal y la falta de voluntad de las autoridades nacionales son los factores por lo que la Justicia indígena originaria solo ha quedado en el papel, según entendidos en la materia y los mismos indígenas.

Señalan a las autoridades del Gobierno como los principales bloqueadores de que este sistema judicial pueda aplicarse en el país.

La denominada Justicia indígena se basa en las costumbres que van creando precedentes por repetición y por la práctica cotidiana y se aplica sobre la base de normas y reglas que coinciden con los valores culturales de estos pueblos.

En base a esto, se aprobó la Ley Nro 073 de Deslinde Jurisdiccional, promulgada el 29 de diciembre del 2010 con el objetivo de "rayar la cancha" entre esta jurisdicción y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las mismas en el marco del pluralismo jurídico, que debe entenderse como la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y espacio.

Vacío legal. El expresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hasta la fecha no ha dictado leyes con criterio plural y que todas las existentes están concentradas a lo que es la justicia ordinaria.

Indicó que la Ley de Deslinde, es la única norma que se refiere a la justicia indígena, pero que pese a ello no específica algunos procedimientos.

"Si bien es cierto en su parte positiva daría competencias adecuadas y necesarias, pero se vemos más allá de la lectura profunda a la ley, notamos que deberían haber normas jurídicas, deberían ser más plurales, de manera que puedan establecerse en ellas cuáles son las competencias y diferencias de la justicia originaria y la justicia ordinaria", precisó Arrázola, a tiempo de mencionar que a su percepción la justicia indígena solo quedó en un discurso.

Autonomía general. El abogado Miguel Coya coincidió con su colega Arrázola al señalar la falta de normas que marquen los procedimientos de aplicación de este sistema de justicia; sin embargo, añadió que el problema también radica en el proceso autonómico.

Mencionó que en la Constitución Política del Estado (CPE) se refuerza la plurinacionalidad y dentro de esto está el principio de autonomía, el mismo que no es aplicado en los departamentos, ni regiones ni comunidades indígenas en el país.

Considera que al no existir una norma autonómica que exprese la descentralización en todos los departamentos.

"Aunque se enfocó el proceso autonómico no se cumplió tanto en lo político, como en lo administrativo. Al no existir estas autonomías regionales no va haber autonomía indígena jurídica, ni indígena política ni mucho menos indígena administrativa", dijo.

Coya resalta que a consecuencia de esta situación existe un gran vacío legal que impide la aplicación de este sistema judicial.

Falta de voluntad. El abogado constitucionalista, Saúl Paniagua, a tiempo de resaltar los vacíos legales que existen para la aplicación de la justicia indígena, se refirió que esta situación responde más a una falta de voluntad del mismo Gobierno de Evo Morales.

Indicó que el Gobierno llevó adelante un proceso judicial con el perfil indigenista y que hasta el momento ese diseño no está acorde con la realidad del país.

"La injerencia política partidaria diluyó el sentido del proyecto que significó la justicia indígena, el diseño de Estado fracasó por la injerencia política Se pretendió dar un imagen de Bolivia con la justicia indígena, siendo diferente la realidad y lamentablemente no se va poder implementar mientras exista la injerencia política partidaria", manifestó el jurista.

Añadió que mientras no se solucione el problema de fondo que tiene que ver con la independencia, autonomía en la justicia del órgano ejecutivo, legislativo, e inclusive electoral, es imposible la justicia indígena originaria.

Polémica y críticas. A diferencia de los juristas, el representante de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en contra del Gobierno, Adolfo Chávez, considera que esta situación solo responde a intenciones directas de las autoridades nacionales.

"Si no funciona es porque el Gobierno ha copado la administración hacia los territorios indígena con amedrentamiento y persecución a sus líderes regionales, eso es lo que ha tenido un gran impacto a través de una operación directa del órgano judicial", precisó.

En respuesta a esto Melva Hurtado, máxima dirigente de la Cidob paralela, afín al Gobierno de Morales, negó tal intención del órgano ejecutivo y aseguró que los hecho graves deben ser llevados como procesos de la vía ordinaria y no de la justicia indígena.

"Ellos han vulnerado las normas, han cometido actos gravísimos de afectación a la humanidad y al Estado y por eso son procesos que el órgano judicial debe tomar acciones, esto no es político, se trata de la gravedad", dijo.

"Ellos han vulnerado las normas, han cometido actos gravísimos  de afectación a la humanidad y al Estado, esto no es político, se trata de la gravedad".

Melva Hurtado
Presidente de la Cidob afín al gobierno

"Aunque se enfocó el proceso autonómico no se cumplió en lo político ni administrativo. Al no existir autonomías regionales, no va haber autonomía indígena jurídica".

Miguel Coya
Abogado

"Más allá de la lectura profunda a la ley notamos que deberían haber normas jurídicas, deberían ser más plurales, para establecer en ellas cuáles son las competencias".

Marcelo Arrázola
Expresidente  del colegio de abogados

"El Gobierno ha copado la administración hacia los territorios indígena con amedrentamiento y persecución a sus líderes esto a través de una operación del órgano judicial".

Adolfo Chávez
Presidente de la Cidob

Hechos
Los casos más sobresalientes

Juicios

En más de una oportunidad se han registrado casos en los que las personas involucradas han solicitado no ser procesados por la justicia ordinaria, sino por la justicia indígena originaria campesina a la que pertenecen; sin embargo, no han tenido eco por las autoridades encargadas en el tema.

Estos son los casos más sonados en el país, en el que se enjuicio por la vía ordinaria y no indígena.

Agresión a un indígena. El líder de la Cidob, Adolfo Chávez, el presidente de la subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas y el dirigente Pedro Nuni, en Beni, fueron acusado de liderar una golpiza en contra del indígena Gumercindo Pradel.

Los tres líderes indígenas permanecieron encerrados en las oficinas de la subcentral Tipnis en Beni, en una especie de vigilia ante cualquier aprehensión de alguno de ellos.

Pradel fue golpeado por los comunarios del Tipnis, acusándolo de ser funcional al régimen del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y viabilizar la construcción de una carretera por el parque natural.

Magistrado indígena. El caso latente en la actualidad es la del magistrado indígena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, suspendido de sus funciones hace varias semanas.

Enfrenta un juicio de responsabilidades por la paralización de la Ley del Notariado.

En más de una oportunidad ha solicitado ser procesado por la justicia indígena, sin tener respuestas a su favor.

Punto de vista

Pablo Javier Deheza
Analista Político

"Falta claridad para aplicar la justicia indígena en el país"

La aplicación de la justicia indígena encuentra tres falencias medulares que impiden, hasta el día de hoy, su puesta en vigencia.

En primer lugar, no existe una sistematización escrita, ordenada y científica de la jurisprudencia de las 36 naciones y pueblos originarios reconocidos en la Constitución Política del Estado. Es decir que no se tiene certeza concreta sobre qué asuntos versa cada una de estas justicias.

En segundo lugar, el artículo 192 de la CPE aborda el tema de la justicia indígena originaria campesina, pero no alcanza a definirla con precisión y deja eso para la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Esta última tampoco brinda mayores certidumbres concretas. Es necesario mayor claridad sobre la institucionalidad que llevará adelante la aplicación de la justicia indígena.

En tercer lugar, en la medida en que el Estado boliviano es a la postre un estado moderno, los principales problemas que tiene la sociedad se resuelven en ese marco. 

Acerca del autor:
Estefany-Claros-Aldana-
Estefany Claros Aldana
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