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Editorial
Control del contrabando
Miércoles,  17 de Julio, 2013

Las actividades comerciales y empresariales que se desarrollan al amparo de la legalidad en el país, ven como una amenaza constante al contrabando, figura delictiva que no termina de ser combatida en toda su magnitud, porque ocasiona enormes perjuicios económicos y trastorna el rumbo presupuestado para su normal crecimiento.  El control que ejercen las autoridades aduaneras en la extensa frontera nacional se sigue mostrando insuficiente tanto para impedir el ingreso ilegal de mercadería como para detener su tránsito dentro del territorio patrio. De esta manera, ha causado preocupación el informe de Iquique Terminal Internacional, acerca del movimiento en la zona franca.

Se ha detectado que al menos dos rubros mueven montos millonarios: la ropa usada y los vehículos automotores. El hecho que ingresen al país más de dos mil autos usados cada mes debería mover a una profunda reflexión a las autoridades aduaneras, de modo que redoblen sus esfuerzos para el control respectivo. Desde la zona franca de Iquique han ingresado este año, hasta mayo pasado, la friolera de casi dieciocho mil motorizados. ¿Cuántos han pasado por los controles aduaneros cumpliendo con los trámites de rigor y el pago de las tarifas impositivas? Sin datos claros, resulta lógico que las importadoras de automotrices reclamen por la impunidad de los contrabandistas.
 
La competencia desleal en este campo resulta una afrenta para quienes confían en la actividad legal supuestamente protegida por el Estado a través de la administración gubernamental. El mismo efecto nocivo, sino peor, es el que provoca la internación ilegal de ropa usada al país. En la zona franca de Iquique los compradores bolivianos de ropa usada invierten casi sesenta millones de dólares en este rubro. A pesar que el ingreso de ropa usada está prohibido por decreto supremo 27876, mientras que su comercialización está sancionada desde marzo de 2008, la ciudadanía sabe muy bien que esta actividad ha aumentado en vez de disminuir, perjudicando a la industria textil.
 
Se ha comprobado que existe una danza de millones en torno al comercio fronterizo. La compra de autos usados y nuevos bordeaba, hasta mayo pasado, los 144 millones de dólares. La de ropa usada alrededor de 57 millones de dólares, mientras que los insumos textiles llegaron a 37,4 millones de dólares según Informe Iquique Internacional, señalando que los artículos de hogar alcanzaron un total de 37 millones de dólares. A nadie le molestaría si el ingreso de motorizados fuera legal. El asunto cambia si se verifica el contrabando. Lo de la ropa usada, cuyo ingreso ilegal provoca una competencia desleal a la industria textil nacional, parece no tener solución inmediata.
 
Ante esta situación, de por sí preocupante, el Gobierno debe informar al país sobre las actividades realizadas frente al contrabando de vehículos y de ropa usada, como los dos exponentes mayores de una actividad delictiva que no es posible pasar por alto sin causar grave daño económico a los importadores y al sector productor textil. En el asunto de la ropa usada se está dando una figura -ilegal- de permisibilidad rayana en la complicidad por parte de las autoridades del área, que se hace preciso revertir a la brevedad. El ingreso de vehículos usados con antigüedad mayor a cinco años se debe señalar como un censurable espaldarazo al contrabando y una clara transgresión a la ley.

Se debe informar al país sobre las actividades realizadas frente al contrabando de vehículos y de ropa usada, exponentes de una actividad delictiva que no es posible pasar por alto sin causar daño económico a importadores y sector productor textil.

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