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Editorial
Parches en las cárceles
Martes,  2 de Julio, 2013

El caso de violación de una niña en la cárcel de San Pedro ha precipitado una medida drástica consistente en prohibir el ingreso de más reos a ese centro de reclusión paceño. Lo más probable es que los nuevos reclusos deban ser trasladados a Chonchocoro, hasta que se construya una nueva penitenciaría en la sede de Gobierno. No tomará mucho tiempo para que Chonchocoro termine en completo hacinamiento, con todos los problemas que ello conlleva, como ocurre con todas las cárceles del país, donde conviven más de 14 mil internos, más del doble del número previsto para la capacidad instalada en Bolivia.

El Gobierno ha anunciado también que impulsará un nuevo proceso destinado a reducir la población penitenciaria, consistente en indultar a todos aquellos detenidos que sufren retardación de justicia, los que hayan cumplido más de la mitad de su condena, los ancianos, mujeres embarazadas o con niños pequeños y también los que hayan cometido delitos menores.

Si realmente se aplicara una medida como ésta, estaríamos hablando de la liberación de más del 80 por ciento de los presos, pues se calcula que apenas el 16 por ciento de los detenidos tiene una sentencia ejecutoriada. Lamentablemente, existen muy pocas probabilidades de que se llegue a resultados satisfactorios, pues todo depende de la manera cómo funciona la Justicia en Bolivia, de que los altos niveles de corrupción siguen intocables y del terrible drama de la falta de acceso al sistema judicial que en lugar de haber mejorado, tiende a empeorar, tal como lo ha reconocido el decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries.  Y para demostrarlo solo hace falta observar lo que ocurrió con el indulto decretado el año pasado. En teoría debía beneficiar a 500 reos, sin embargo, solo 260 presos han conseguido cumplir los costosos y engorrosos trámites que impone una institución que cambió de rostro, pero que en su funcionamiento sigue padeciendo de su endémica elefantiasis.

El hecho de que las cárceles estén atestadas, que se produzcan situaciones indecibles detrás de los muros y que los presos estén cada vez más alejados de la rehabilitación y más cerca de la reincidencia y del agravamiento de su conducta delictiva, depende de la misma falla estructural que no ha sido atacada en lo más mínimo por el “proceso de cambio”, que se preocupó por adueñarse del control del Órgano Judicial y en ese afán contribuyó a empeorar las cosas.

A finales de los años 90 se hicieron varias reformas al sistema judicial que consiguieron reducir el número de presos, pues a través del Nuevo Código de Procedimiento Penal (1998) que demandó inversiones millonarias para su aplicación, se mejoró sustancialmente en cuanto al acceso y sistema de garantías procesales. En el caso concreto de la retardación, se redujo a algo más del 60 por ciento, número que hoy se encuentra en el 86 por ciento. Y suponiendo que el nuevo proceso de indulto se produzca con éxito, dentro de muy poco tiempo las cárceles volverán al mismo hacinamiento, pues de lo que se trata aquí es de hacer cambios de fondos y no aplicar los acostumbrados parches.

El hecho de que las cárceles estén atestadas, que se produzcan situaciones indecibles detrás de los muros y que los presos estén cada vez más alejados de la rehabilitación y más cerca de la reincidencia y del agravamiento de su conducta delictiva, depende de la misma falla estructural que no ha sido atacada en lo más mínimo por el “proceso de cambio”, que se preocupó por adueñarse del control del Órgano Judicial y en ese afán contribuyó a empeorar las cosas.

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