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Editorial/Opinión
Editorial
Los males de la democracia
Lunes,  26 de Septiembre, 2011

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, vivir en democracia es una elección soberana de cada país. Sin duda, el acceso al estado de derecho deviene en una conquista social que puede obtenerse a veces de manera pacífica y gradual, o bien a través de la lucha social sostenida y sacrificada de la población organizada, en ocasiones acudiendo a la violencia, especialmente si es preciso arrebatarla a los regímenes de fuerza detentadores del poder. La experiencia histórica de los países de la región centro y sudamericana no solo es rica en este punto, sino que les ha llevado a desarrollar metodologías de defensa de la institucionalidad democrática que ha evitado el retorno de los gobiernos de facto.
 
Sin embargo, los procesos democráticos de la región atraviesan problemas que impiden el fortalecimiento del sistema. Estos problemas suelen ser de tipo estructural y, a menudo, de perspectivas políticas que contradicen los principios de la convivencia democrática y el apego a la ley. La reciente cumbre de expresidentes de la región, realizada en Lima-Perú, ha identificado al menos tres males que afectan la institucionalidad democrática: las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Además, se ha ratificado la vigencia de la Carta Democrática Interamericana y la necesidad de defender los derechos humanos y la libertad de expresión e información.
 
Sin duda, ha sido este último punto el que ha motivado mayores preocupaciones de los exmandatarios participantes, al considerarlo como una especie de termómetro de la seguridad e institucionalidad democrática. En la práctica, la preocupación se hace más profunda ante la situación que ha conmovido a la prensa ecuatoriana y las diversas y continuas dificultades por las que atraviesan los medios de comunicación en los países signatarios del ALBA. No se trata tan solo de luchar contra la inequidad, la exclusión social y la propia pobreza, tareas propias de gobiernos responsables, sino que conviene defender la democracia cuando se  altera el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo.
 
Asimismo, cuando se afecta el desarrollo de los poderes Legislativo y Judicial, se hace necesario orientar acciones en defensa del estado de derecho y del espíritu de convivencia civilizada al amparo del imperio de la ley. La cumbre de expresidentes en Lima ha señalado que la Carta Democrática Interamericana se ha erigido en el instrumento más avanzado para defender la institucionalidad democrática. Ello significa que conviene constituir mecanismos de observación de los avances y promoción, de acuerdo con la Carta Interamericana, que sirvan de sistema de alerta temprana ante las amenazas contra el sistema democrático en cada país de la región centro-sudamericana.
 
Es más probable que estos mecanismos disparen sus alarmas en Bolivia, ante lo que se considera ejercicio autoritario del poder por parte del Ejecutivo y hegemonía del oficialismo en el Poder Legislativo, que impide una independencia deseable. Además, existe el riesgo que las próximas elecciones judiciales deriven en un Poder Judicial sumiso ante el Ejecutivo, que es el mayor temor de la oposición, cuyo criterio descansa en que el Gobierno ejerce una calculada persecución a través de la "judicialización" de la política. Lo que está por verse es si los mecanismos de alerta temprana promovidos por la Cumbre de Lima tengan efectos disuasivos sobre un Gobierno empeñado en ignorarlos.

Está por verse si los mecanismos de alerta temprana promovidos por la Cumbre de Lima tengan efectos disuasivos sobre un Gobierno empeñado en ignorarlos.

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