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Editorial/Opinión
Editorial
Atentado a la economía nacional
Miércoles,  16  de Diciembre, 2020
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Los exportadores bolivianos han expresado su rechazo al retorno de las prohibiciones y restricciones que durante más de una década aplicó el gobierno del MAS a la soya y sus derivados y que habían sido suspendidas durante la gestión de Jeanine Añez con el objetivo de reactivar la economía, azotada por la pandemia del Covid-19.

Se trata de una medida irracional y sin justificativo lógico, pues apenas una fracción de la soya que se cosecha en el país permite abastecer plenamente el mercado interno y prueba de ello es que la liberación de las exportaciones no generó ningún impacto negativo en el abastecimiento y tampoco en los precios del pollo y del cerdo, dos rubros que absorben gran parte de la producción. La industria aceitera tampoco se resintió y la mejor forma de comprobarlo es el bajo índice inflacionario que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo que sí es nefasto para el país y que también lo acredita el INE es la estrepitosa caída de las exportaciones bolivianas, producto de la reducción de los volúmenes y de los precios del gas que vendemos al exterior. En el campo de las exportaciones no tradicionales, la reducción es igualmente significativa y según las cifras oficiales, el impacto ha sido de más de dos millones de dólares en el último año.

Es inadmisible que el gobierno bloquee al agro, perjudique a los exportadores y le aplique un duro golpe a la economía justo cuando más necesita activar el comercio exterior y generar divisas, en un momento en el que la soya (el tercer producto exportable de Bolivia) alcanza precios favorables que no se registraban desde hace cinco años. El gobierno desaprovecha un contexto altamente favorable para todos, entre ellos, casi 70 mil pequeños y medianos agricultores y toda una cadena productiva que dinamiza los negocios, genera empleo e jugosos ingresos para el estado. 

 Debemos considerar que, salvo la soya y otros granos cuyo precio se incrementado en la pandemia, por efecto de la sequía y de una mayor demanda de alimentos de alto contenido proteico, Bolivia no tiene a la vista otras posibilidades factibles para generar ingresos y aumentar las reservas. La industria gasífera está en ruinas y no hay miras de que se reactive en el corto plazo; algo similar pasa con la minería y, con la amenaza de un nuevo brote de Coronavirus, la actividad comercial podría reducirse nuevamente. ¿Qué clase de criterio descabellado es el que pasa por la mente de quienes deciden ponerle freno de mano a un sector tan importante en un momento de tantas necesidades? 

Las prohibiciones que se aplicaron en plena época de bonanza fueron un acto de soberbia y de abuso que podía sostenerse dada la bonanza de altos precios del gas y los minerales, fenómeno que tuvo su final abrupto en 2014, que nos ha llevado al incremento del déficit fiscal, a un mayor endeudamiento y la disminución de las reservas internacionales, tres problemas que tienen una sola solución: producir y exportar más. ¿O es que el objetivo del gobierno es otro?

Es inadmisible que el gobierno bloquee al agro, perjudique a los exportadores y le aplique un duro golpe a la economía justo cuando más necesita activar el comercio exterior y generar divisas, en un momento en el que la soya alcanza precios favorables

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