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Editorial/Opinión
Editorial
Fondo indígena: La Punta del iceberg
Viernes,  20  de Febrero, 2015

La supuesta malversación de 132 millones de bolivianos del Fondo Indígena que ha denunciado la Contraloría parece ser apenas la punta del iceberg, pues la danza de dólares ha sido abismalmente mayor. Lo peor es que nadie sabe quién debe responder ya que la ministra con mayor relación al caso, Nemesia Achacollo, dice que pese a formar parte del directorio de la entidad no era la que tomaba las decisiones. Veremos si la aplauden en el Congreso por semejante afirmación cuando se produzca la interpelación anunciada.

El Fondo Indígena es una instancia creada a partir de la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2003 que destinaba el cinco por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para los pueblos indígenas, con el objetivo de generar proyectos de desarrollo. En la gestión de esos recursos estaban directamente relacionadas las organizaciones que aglutinan a los pueblos originarios, quienes estaban llamados a priorizar las inversiones en las áreas de vivienda, salud, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional. Según las normas el 80 por ciento del dinero debía ser destinado a acciones que busquen cómo dotarles de medios de vida a grupos humanos que han estado postergados desde siempre, ya sea porque fueron ignorados o porque literalmente se robaron la plata, como ocurrió con los tractores que debían dotarles en los inicios de primer mandato del presidente Morales.

Entre el 2005 y el 2014, el Fondo Indígena recibió 616 millones de dólares (la Contraloría exige explicaciones sólo por 19 millones de dólares), dinero que no ha estado bajo una correcta supervisión, puesto que existen escasos registros sobre los proyectos que respalden las inversiones realizadas. Según denuncias que constan en la prensa, entre el 2005 y el 2010 el gobierno nacional le confiscó a la entidad algo más de 1.200 millones de bolivianos (172 millones de dólares) y nadie sabe cuál fue el destino de esos recursos, aunque también indican las versiones hechas públicas que ese monto fue entregado a no más de cinco organizaciones sindicales cercanas al oficialismo con el objetivo de comprar la lealtad que se requería en los complicados días del “gasolinazo” decretado a fines de 2010.

De acuerdo a los datos que han estado circulando, organizaciones como la Cidob, las Bartolinas, los interculturales y la Confederación de Campesinos han manejado sumas millonarias de las que no se sabe su destino. Han elaborado proyectos que no se ejecutaron y en el mejor de los casos usaron ese dinero para el activismo político, para financiar movilizaciones y estrategias de control y ataque a los dirigentes que en su momento cuestionaron estos malos manejos. Las evidencias indican que las autoridades que supuestamente debían promover proyectos dirigidos a elevar el nivel de vida de los indígenas, hicieron la vista gorda con el despilfarro, pues fue la manera de tejer su red clientelar, de la misma forma que lo hacían en el pasado con los gastos reservados, sólo que si hablamos de números las cifras actuales son abismalmente mayores.

Hoy se habla de interpelación, de la conformación de comisiones de investigación, de recurrir a una y otra instancia estatal, pero lo grave es que se observa con más claridad el intento por mantener bajo el agua el grueso de este escándalo gigantesco.

Entre el 2005 y el 2014, el Fondo Indígena recibió 616 millones de dólares (la Contraloría exige explicaciones sólo por 19 millones de dólares), dinero que no ha estado bajo una correcta supervisión, puesto que existen escasos registros sobre los proyectos que respalden las inversiones realizadas.