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Santa Cruz
Editorial
Fiscales, jueces y policías
Jueves,  3 de Agosto, 2017

Desde hace años, la Policía ha sido en Bolivia, la institución más denunciada por la vulneración de los derechos humanos y precisamente de ahí proviene su sitial con la peor imagen ante la ciudadanía que permanentemente siente que los uniformados lo agreden en lugar de ayudarlo.

Eso ocurre porque la Policía es una institución militarizada, hermética, con escaso control social, muy útil a los apetitos políticos de turno, pero divorciada del servicio que constitucionalmente está obliga a prestar.

Las cosas seguirán así mientras no haya una reforma integral de la entidad, que pasa básicamente por desmantelar su aparato recaudador, mejorar su profesionalización y quitarle su tenor militarista, pues si bien la Policía dispone del uso de armas, su mayor valía debería estar en la prevención, empatía con la población, manejo de tecnologías de datos y comunicación y el rigor científico de sus pesquisas.

En fin, el perfil de nuestra Policía explica el escaso crecimiento que ha tenido la democracia, pues representa los resabios de las épocas autoritarias. Pero lo triste no es que la institución verde olivo continúe con su trayectoria de abusos, sino que haya sido superada por dos entidades que están más bien para garantizar los derechos y evitar los atropellos cometidos por el aparato estatal, donde existe un alto grado de discrecionalidad y una bajísima vocación de servicio.

Estamos hablando de la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia, que encabezan la lista de instituciones que mayor número de violaciones a los derechos humanos cometen, según lo reporta la oficina del Defensor del Pueblo de Santa Cruz.

Precisamente el responsable de la repartición supervisora del respeto a las garantías constitucionales, Jorge Paz, lamentó que las instancias encargadas de velar por el cumplimiento y el respeto a las leyes, sean las que más violen los derechos de las personas. Esto habla no solo del deterioro del sistema judicial, sino de la degradación del sistema democrático, pues los datos están demostrando que el ciudadano ha quedado huérfano y a expensas de poderes con la fuerza y la libertad para pasar por alto las restricciones y el control que cualquier autoridad debiera tener en un estado de derecho.

Según el más reciente informe presentado con datos 2016-2017, la Fiscalía acumuló 59 denuncias por falta de garantías al debido proceso, frenos al acceso a la justicia y también por fallas en las peticiones y repuestas. En segundo por cantidad de denuncias se encuentran los tribunales de justicia locales y en tercer puesto, la Policía Departamental, situación que consolida una suerte de triunvirato nefasto que deja al ciudadano totalmente indefenso al momento de exigir justicia.

Este no es solo un dato estadístico ni el resultado de las queja ciudadana. En los últimos años cientos de fiscales y jueces han sido suspendidos y procesados (algunos encarcelados) por hechos de corrupción y transgresiones a la ley. No hay duda que todo es consecuencia de la manipulación política que se ha incrementado en torno a ambas instituciones y el gran perdedor no solo es el pluralismo democrático, sino el ciudadano común que se lleva la peor parte.

La Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia encabezan junto con la Policía, la lista de instituciones que mayor número de violaciones a los derechos humanos cometen, según lo reporta la oficina del Defensor del Pueblo de Santa Cruz.

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