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Internacional
El descuido del consumidor
Editorial
Viernes,  20 de Marzo, 2009

El 15 de marzo se celebró el Día Internacional del Consumidor, fecha que pasó casi desapercibida en el país, el único además de Ecuador, en América del Sur, que no posee una ley específica que proteja al consumidor, considerado el sector más importante de cualquier economía, pero a su vez, el más descuidado y desprotegido por el Estado.
Este tema merece también un debate intenso en estos tiempos de grandes cambios. El Gobierno ha querido hacer ver en los últimos tiempos, que está defendiendo la economía de la población al establecer franjas de precios, al prohibir las exportaciones supuestamente para evitar el desabastecimiento, pero descuida un concepto básico en la protección del consumidor y es el de la competitividad, única herramienta capaz de llegar a estándares óptimos en la producción de bienes y servicios. Debilitar a las empresas y tenderles trampas con fines políticos no es el mejor camino para lograr productos de calidad y buen precio, sino todo lo contrario. La solución pasa por mejorar la salud de la economía, fomentar los negocios y establecer marcos regulatorios que beneficien la sana competencia.
El otro paradigma que maneja el Gobierno es retornar a los obsoletos esquemas socialistas, según los cuales, el Estado debe producir desde petróleo hasta aceite de comer, palos de escoba y harina de maíz. Ha quedado claro con el escándalo de YPFB, el desabastecimiento de carburantes, que a su vez ha agudizado la escasez de numerosos comestibles, que ese modelo no ha funcionado ni será eficaz para los consumidores. Si bien la provisión de combustibles se ha normalizado en cierta forma, hay que ver cuánto pagan los consumidores de Quijarro, Cobija, Yacuiba o Apolo por una garrafa de gas o un litro de diesel. La politiquería distorsiona el sistema productivo, desalienta las inversiones, atrasa las innovaciones e impide que la ciudadanía pueda acceder a productos y servicios más competitivos en precio y calidad. Habría que analizar lo que ha ocurrido en el rubro de las telecomunicaciones, tal vez el único ejemplo a destacar en este periodo, para darse cuenta del gran beneficio que trae para todos que exista un juego saludable entre los operadores.
La nueva constitución vigente establece la desaparición de casi todas las superintendencias, cuya misión debía ser supervisar la prestación de servicios y garantizar la plena satisfacción de los consumidores. Esta responsabilidad pasará dentro de un mes a manos de diferentes ministerios, hecho que podría significar un retroceso en la labor regulatoria que debe ser ejercida por el Estado, como muchos empresarios ya lo han manifestado. Uno de los que más se ha sentido afectado es el sector forestal que en más de una oportunidad ha cuestionado la desaparición de la superintendencia. Si bien ese sistema requería de un perfeccionamiento, la eliminación del criterio de independencia traerá consecuencias negativas para los consumidores, que seguirán demandando protección, reglas claras y la puesta en marcha de un trabajo serio de promoción de un concepto clave en cualquier economía, la calidad.

La eliminación de las superintendencias traerá consecuencias negativas para los consumidores protección, reglas claras y calidad.

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