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Internacional
Tribuna
Identificación de un régimen democrático
Domingo,  28 de Mayo, 2017

La independencia y separación de poderes (o de órganos en nuestro caso) no es un tema desconocido, por el contrario – especialmente en nuestro medio - cada vez hay necesidad de actualizarlo ante la tentación y excesos del poder político que trata de incorporar a su área de influencia al órgano judicial. Experiencias hemos tenido en ese sentido cuando, por ejemplo, una alta funcionaria del  Ejecutivo (Ministra de Justicia) resultó atendiendo directamente a los litigantes por fallas en la administración de justicia convocándolos al parque Bolívar de Tarija dentro del programa “Hablando con la Ministra”, hecho que ya mereció un comentario nuestro para señalar el acto como una forma de apartarse del principio constitucional de independencia y separación de poderes proclamado en la Constitución (art. 12).

Otra situación se produjo cuando el Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija se pronunció por la absolución de un dirigente político de oposición y el representante del Ministerio Público dijo que apelaría de esta resolución no sin antes lanzar la amenaza pública de procesar a los jueces que emitieron el fallo que favorecía al dirigente político (Mario Cossío) porque habrían incurrido en delito de prevaricato, como si las decisiones judiciales tuvieran siempre que favorecer al Estado (o al partido gobernante) cuando éste interviene como parte.

Y tenemos que referirnos nuevamente a esta cuestión ante las recientes declaraciones formuladas por un personero del Ejecutivo (Ministro de Desarrollo Rural), quien hace una advertencia al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de someter a sus miembros a un juicio de responsabilidades si dicho órgano suspende la aplicación de la Ley de la Coca, en su artículo 16, cuya inconstitucionalidad ha sido planteada por el sector cocalero de los Yungas. Tal advertencia del Ejecutivo no hace sino sumarse a los actos que se apartan del principio constitucional de la separación de poderes para caer en una clara intromisión que pretende constreñir al TCP dentro de una línea gubernamental, por una parte y, por otra, hacerlo dependiente del Ejecutivo a este órgano jurisdiccional encargado de resguardar la vigencia de la Constitución.

No hay que olvidar que el respeto al principio constitucional de separación de órganos identifica al carácter democrático asumido por un gobierno determinado. De lo contrario hay que suponer con toda razón que se estaría frente a un régimen que se aparta del rumbo democrático. Ya lo dijimos anteriormente: todo sistema de gobierno para ser legítimo y democrático, deberá respetar la división de poderes (órganos en el caso boliviano). Si no se da esta situación y por el contrario hay signos de evidente desconocimiento a ese principio, habrá que suponer que estamos al margen de un estado de derecho. Por consiguiente resulta aconsejable que la conducta pública de los órganos gubernamentales se rija por lo que dice la Constitución.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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