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 22 de Septiembre de 2019
Internacional
Abogados expertos constitucionalistas observan que algunos puntos del texto no se estarían implementando
Señalan que la CPE no se aplica en su totalidad
Autonomía y el habla obligatorio de dos idiomas son puntos pendientes. Colegio de Abogados sugiere conformar comisiones codificadoras para trabajar más rápido.
Lunes,  10 de Abril, 2017
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Ref. Fotografia: La aprobación de la Constitución se dio mediante el voto popular en un referéndum.

A ocho años de que se aprobara oficialmente la nueva Constitución Política del Estado (CPE), mediante referéndum, existen observaciones sobre la implementación de la misma a través de la adecuación de las normas, que están bajo su tutela.

Abogados constitucionalistas, señalan que existen algunos puntos que si bien han empezado a aplicarse, pero con ciertas dificultades, hay otros en los que esta situación ha sido poca o nula. Son diez disposiciones transitorias que tiene el texto de la Carta Magna de los bolivianos y es allí donde los abogados y opositores han hecho observaciones en la adecuación y aplicación plena en Bolivia.

Observaciones. La falta de aplicación de ciertas normas o leyes por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es uno de los tropiezos y problemas a decir del constitucionalista Saúl Paniagua, al considerar que la CPE no está siendo aplicada al 100%.

Asegura que muchas de las disposiciones transitorias aun no se han aplicado y en algunos casos ya se empezaron a ejecutar pero no se han visto buenos resultados, por la falta de acciones de la ALP.

Paniagua se enfocó en señalar las competencias y atribuciones de la ALP, las mismas que a decir de él no se han cumplido, dado que la disposición quinta establece que esta instancia legislativa es la asignada a emitir leyes que vayan enfocadas a desarrollar las disposiciones constitucionales.

Al mismo tiempo se refirió a la disposición octava que se enfoca en las concesiones mineras del país con las debidas adecuaciones a la Carta Magna. Si bien apuntó que existe una ley que habla sobre este aspecto, faltan reglamentos que normen la aplicación y los vacíos que existen en algunos aspectos. Otro punto a decir del constitucionalista que no se aplica al 100% es la disposición décima, donde de forma obligatoria se señala que funcionarios públicos deberán hablar dos idiomas originarios. Finalmente señaló que el temas de las Autonomías tampoco se lo aplicó en su totalidad, porque a decir de Paniagua, el órgano ejecutivo nacional, aún mantiene cierta competencia central del país y la desconcentración aún no se aplica. "Se tiene que reformular, no puede haber avance cuando se está violentando la Constitución. Existe una potestad constitucional y es de suma obligatoriedad, para beneficio de la comunidad, pero no se está aplicando porque hay muchos espacios en leyes y normas que se deben cumplir y eso es trabajo de la Asamblea", dijo el constitucionalista.

Puntos pendientes. Con Paniagua coincidió el experto constitucionalista William Herrera, quien también señaló la falta de reglamentos y normas para poder aplicar la Carta Magna en su totalidad.

Al igual que Paniagua, se refirió a las autonomías y a la obligatoriedad de hablar dos idiomas originarios en las funciones públicas, como los aspectos que no se aplicaron en el país. "Lo que podemos decir que es un Gobierno autoritario, donde lastimosamente le estorba la ley y la Constitución. Recién se están queriendo emplear algunas normas y no se las hace porque falta el trabajo en la asamblea, falta voluntad para poder aplicar todas las normas básicas de los bolivianos", manifestó.

Herrera indicó que la disposición transitoria primera fue el primer  punto no tomado en cuenta por parte de las autoridades, al referirse a la reelección del presidente y vicepresidente Evo Morales y Álvaro García Linera.

Apuntó que el escalafón judicial de la disposición sexta, sobre las evaluaciones de las autoridades judiciales no se cumple de forma adecuada en la actualidad.

Mencionó que dentro de la CPE, se establecen de forma específicas derechos para los bolivianos, como al agua, un trabajo digno y a una vivienda, los mismos que especificó no han logrado cumplirse para todos los bolivianos, dando como ejemplo lo sucedido en La Paz hace algunos meses, con la escasez del agua en casi un centenar de barrios. 

"Estas últimas necesidades y problemas que atraviesan una gran cantidad de bolivianos en los nueve departamentos del país, son más responsabilidades del Ejecutivo y el representa al Estado, corresponde tomar acciones inmediatas", añadió. 

Nuevas acciones. A su turno, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, hizo puntuaciones específicas sobre aspectos legales.

Indicó que si bien es cierto que el Código de Procedimiento Penal (CPP) está en debate y socialización para ser adecuado a la CPE, aún hay otros códigos que precisan modificaciones para un buen servicio y aporte, como el Código Civil, Código de Comercio y la Ley General del Trabajo.

Observa que solo se han trabajado disposiciones políticas y no técnicas legales de suma importancia para la población.

Arrázola considera que al no existir el tiempo y el conocimiento en esta especialidad en algunos miembros de la ALP, se debería conformar una "comisión codificadora", externa a la ALP que se encargue del aspecto técnico en leyes y normas jurídicas que sean de suma importancia para el país.

El jurista especificó que las comisiones codificadoras deberían estar conformadas por especialistas técnicos de cada área: penal, civil, social, legal y otros espacios. "Urge trabajar con capacidad técnica y la Asamblea no tiene esto, además entendemos que ellos tienen otras competencias y el tiempo siempre juega en contra, es por eso que proponemos las comisiones codificadoras para avanzar y que ya no se saquen normas 'parches' o normas cortas que no son estructurales y de forma definitiva y que más bien podrían provocar mayor confusión y vacíos", remarcó Arrázola.

Posición política. El diputado oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dice que sí se ha cumplido con lo establecido en la CPE, dentro de los aspectos de desarrollo y en el marco legal. Asegura que con la aprobación final del Código de Procedimiento Penal que está en puerta, se estaría cerrando el círculo de debate y de trabajo referente a la justicia en el país. "Lastimosamente las declaraciones de analistas abogados y de la oposición, forman parte del discurso que manejan hace mucho tiempo. No podemos decir que no se ha cumplido porque sí se ha cumplido, tenemos autonomías, tenemos viviendas, trabajo, mejores condiciones de vida", precisó.

En tanto, desde la oposición la observación es diferente, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Víctor Hugo Zamora, considera que existe un solo punto al que se debe de tomar en cuenta, la independencia de poderes.

Indicó que la elección de magistrados por voto popular fue la nueva implementación y mecanismo que se ejecutó en el país años atrás con el fin de mejorar el sistema judicial en el país, pero que las acciones políticas que se utilizaron, terminaron por perjudicar el proceso. "El problema es que la política se impuso sobre las designaciones y primaron las simpatías y por eso no tenemos una buena justicia, porque se maneja desde el lado político", dijo.

Asegura que los proyectos referentes al desarrollo sí se han ejecutado, pero que el problema radica en la eficiencia y el alcance.

Román Loayza
Exconstituyente critica acciones

El exasambleísta constitucional y exaliado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Román Loayza, confirma que la Constitución Política del Estado (CPE), no se estaría cumpliendo a cabalidad por parte de los gobernantes.

Loayza en contacto con El Día, mencionó que la intención de modificar la Carta Magna del país, fue de brindar mayores oportunidades, servicios y vida para los bolivianos, pero que en la actualidad, aspectos personales o intereses particulares dejaron de lado los principios de la norma básica del país.

Indicó que la modificación de la CPE se dio bajo las bases de soberanía, participación, autonomía, inclusión y pluralismo, pero que en la actualidad, muchos de estos aspectos quedaron en la escritura del texto.

Asegura que el mismo presidente Evo Morales es el primero en vulnerar lo establecido por la CPE, al no tomar en cuenta las observaciones y denuncias de corrupción por parte de personas que estarían a su alrededor como colaboradores cercanos.

“De tener clara la identidad cultural de los bolivianos, nos hemos entrado otra vez al neoliberalismo. La autonomía no se está cumpliendo, los funcionarios no hablan dos idiomas, ni el mismo presidente cumple con ese punto. Nuestra Carta Magna tenía otros sentido. El presidente Evo y sus colaboradores no están aplicando la norma a su cabalidad, hay muchos puntos que se están haciendo leyes de parches sin beneficio total”, manifestó el exoficialista del MAS y exconstituyente conocedor del tema. 

Loayza, una vez más ratificó su posición de estar en desacuerdo con el actual régimen que lleva adelante el mandatario Morales y remarcó su intención de mantener la creación de un nuevo partido político enfocado en la defensa de la Constitución Política del Estado y leyes básicas del país.

Disposiciones

Primera. El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la República. I. la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009. II. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. 

Segunda. La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

Tercera. I. Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006, accederán directamente al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo con la Constitución. II. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. 

Cuarta. La elección de las autoridades de los órganos comprendidos en la disposición segunda, se realizarán de conformidad al calendario electoral establecido por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Quinta. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales. 

Sexta. En el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con esta, se procederá a la revisión del escalafón judicial.

Séptima. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino, en el marco establecido en esta Constitución. 

Octava. I. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. II. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano .

Novena. Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, este denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución. 

Décima. El requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas determinado en el Artículo 235. 7 será de aplicación progresiva de acuerdo a Ley.

Acerca del autor:
Estefany-Claros-Aldana-
Estefany Claros Aldana
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