La mayoría opositora en el Parlamento venezolano aprobó ayer una ley para entregar títulos de propiedad a los beneficiarios de viviendas subsidiadas por el Estado, lo que generó una nueva pugna con el chavismo.
"Este instrumento que acaban de aprobar (...) primero no cumple los requisitos para ser un proyecto de ley, segundo no resiste ningún análisis jurídico y tercero es inconstitucional", señaló el legislador oficialista Pedro Carreño.
Propiedad plena para los dueños. En un acalorado debate, los parlamentarios opositores insistieron en la necesidad de otorgar "propiedad plena" a los habitantes de los inmuebles construidos por el programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela, que según el presidente Nicolás Maduro entregó la residencia un millón en diciembre pasado.
El jefe de la bancada opositora y promotor del proyecto, Julio Borges, afirmó que la "gran discusión en Venezuela" es "democratizar la economía y los derechos de propiedad" para eliminar la "dependencia" de los habitantes de esas viviendas del gobierno.
Rechazo oficialista. En respuesta a estos señalamientos, el diputado oficialista Ricardo Molina, exministro de Vivienda, describió el instrumento como una "ley disfraz" que dificulta el acceso de los más pobres a las viviendas.
