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Viernes,  6 de Julio, 2012

En junio de 2009, cuando estallaron los enfrentamientos en la localidad peruana de Baguá, el Gobierno boliviano fue acusado por la administración del presidente Alan García de haber asesorado y brindado apoyo material a los pueblos indígenas de varias etnias amazónicas que bloquearon durante dos meses una carretera, en rechazo al inicio de operaciones de una petrolera transnacional dentro de su territorio. Aquella vez y de la misma forma que lo hacen en estos días en Cajamarca, los campesinos exigían su derecho a la consulta previa y desde Bolivia obtuvieron un vehemente respaldo expresado a voz en cuello por el presidente Morales. Hay que recordar que la protesta de los indígenas terminó en una masacre que ocasionó más de 30 muertos y al final el Gobierno de Alan García, tal como lo viene haciendo su sucesor, Ollanta Humala, “le metieron nomás” en contra de la decisión de los indígenas. Hace unos días, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ponía de ejemplo al Perú cuando se refería al problema del TIPNIS. Pero no puso de ejemplo a los indígenas, sino a la decisión tomada por los gobernantes peruanos.
 

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